Tres organizaciones reclamaron que además la iglesia dé a conocer la información sobre otras denuncias, como las de los sacerdotes Nicola Corradi, acusado de violaciones en el Instituto Próvolo, y Gustavo Zanchetta, cercano a Francisco.

Con duras críticas, al menos tres organizaciones repudiaron la cumbre antipederastia convocada por el papa Francisco y pidieron medidas de sanción contra el Vaticano, al que calificaron de «estado genocida». En ese sentido, le exigieron una serie de medidas a la Iglesia, entre las que se destacan que abra los archivos clasificados que tiene sobre causas emblemáticas, entre ellas, el caso de Julio César Grassi.

Tras la reunión, presidida por el Sumo Pontífice en el Vaticano, la Organización Global de Víctimas de abusos (ECA, por sus siglas en inglés) junto a Bishop Accountability exigieron «la apertura de los archivos secretos sobre abuso sexual de las conferencias episcopales de todo el mundo».

Al respecto, ECA propuso un plan de 21 medidas, donde piden que cuando «el clérigo es encontrado culpable de cualquier tipo de abuso a menores tenga sea inmediatamente expulsado de su cargo y del sacerdocio«, al igual que cualquier miembro de la Iglesia que encubra. Y exigieron que «toda la documentación sobre los casos sea transmitida a las autoridades civiles y que en ningún momento pueda ser destruida, así como que se denuncien a las magistraturas nacionales cualquier denuncia reciban de casos de abusos a menores».

Por su parte, desde la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de la Argentina, que nuclea a personas que fueron víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes, se manifestaron en contra de la cumbre. «Hemos presenciado un nuevo acto de simulación e hipocresía por parte de funcionarios de un Estado independiente, incumplidor serial de Convenciones internacionales sobre Derechos Humanos. Esta cumbre confirma el estado de corrupción sistémica que impera en la Santa Sede, al evadir premeditadamente las exhortaciones que organismos internacionales le hicieran hace cinco años atrás», dijeron, refiriéndose a la acusación que el Comité de Protección a los Derechos de los Niños de la ONU hiciera a la Santa Sede en 2014.

La asociación argentina criticó las conclusiones de la cumbre, que señalan que «la pederastia eclesiástica es solo una parte del abuso como problemática transversal y amplísima», lo que desdibuja la responsabilidad de la Iglesia Católica en las agresiones sexuales a niños y niñas.

Además, la Red acusa al Vaticano de haber dado durante la cumbre un «trato irrespetuoso, denigrante y revictimizante» a las víctimas.