Este nuevo expediente seguiría en manos de la fiscal aunque no se descarta que se inicien investigaciones en las localidades del territorio bonaerense donde se hayan registrado los hechos. Lo concreto es que la Justicia no pisará el acelerador en esta nueva causa hasta que no se cierre la instrucción del caso Independiente, donde se comprobaron 15 casos de abuso y la prueba reunida en contra de los seis procesados es contundente.
En la causa vinculada al club de Avellaneda están involucrados el árbitro Martín Bustos, acusado de captar chicos en las redes sociales; el relacionista público Leonardo Cohen Arazi, mencionado por uno de los jóvenes; el representante de jugadores, Alberto Ponte; el administrador de consorcios, Alberto Dal Cin, acusado por una víctima; el organizador de torneos amateurs, Juan Díaz Vallone, también mencionado por un joven, y el empleado de comercio Silvio Fleytas, en la mira por reclutar y abusar de los futbolistas.
En estos meses de investigación la justicia se nutrió de nuevas declaraciones y obtuvo más revelaciones de las propias víctimas. Las desgrabaciones telefónicas y el análisis de los discos rígidos, entre ellos uno de extrema importancia perteneciente a Fleytas, fueron claves para comprobar los abusos y el traspaso de información entre los implicados. Para la justicia no existió una red de trata, si no un «conjunto de víctimas y victimarios que se trasladaban datos» sobre los jóvenes. Lo cierto es que pese a las pruebas recolectadas, el frente judicial de los implicados no es el mismo para todos y aún resta resolver una cuestión central en la historia.
Para el segundo mes de 2019, la fiscal Garibaldi entiende deberá darse respuesta a la apelación presentada a la Sala I de Lomas de Zamora, que en un giro inesperado ordenó liberar a Cohen Arazi, Bustos y Ponte. El tribunal, además, cambió la caratula para estos tres involucrados: les sacó el delito de abuso sexual de menores y decidió que se los investigará solo por promoción a la corrupción de menores. El resto de los implicados sigue en prisión.
El cambio de caratula sorprendió: para la Sala I los delitos cometidos por los tres involucrados se encuadraron en el artículo 125 del código penal, el que establece que «quien promoviere o facilitare la corrupción de menores de 18 años, aunque mediare el consentimiento de la víctima será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años. La pena será de seis a quince años de reclusión o prisión cuando la víctima fuera menor de trece años. Cualquiera que fuese la edad de la víctima, la pena será de reclusión o prisión de diez a quince años, cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción, como también si el autor fuera ascendiente, cónyuge, hermano, tutor o persona conviviente o encargada de su educación o guarda».
El Tribunal entendió que existió consentimiento por parte de los jóvenes y como la pena mínima para ese clase de delito es de tres años ordenó excarcelarlos. «La Sala interpretó que no hubo abuso porque para ellos existió consentimiento, pero acá no lo hubo: les pagaban, había un precio. Esperamos una resolución que rectifique esta decisión», confió una alta fuente de la investigación. Una vez que se conozca la respuesta a la apelación, se pondrá fin a la etapa de recolección de pruebas y se juzgará a los involucrados.
