Cuidadores, entrenadores de caballos, personal de seguridad y choferes de los camiones municipales comparecieron ante el Tribunal.

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(TANDIL – ELECO) Si el testimonio vehemente del criador de caballos Jorge Cuenca frente al Tribunal resultó tan explosivo como contundente frente a la desidia que representó la concesión del Hipódromo, no menos esclarecedoras fueron las exposiciones de los testigos citados ayer, para desarrollar la segunda audiencia del juicio contra los funcionarios lunghistas, quienes a priori quedaron seriamente comprometidos frente a la probatoria acusatoria y los reveladores relatos.

Sólo la sagacidad defensiva a la hora de hacer prevalecer su hipótesis sobre el poder de contralor podría torcer lo que hasta aquí se evidencia descarnadamente, con un concesionario que hizo –o dejó de hacer- lo que quiso, cobrando suculentos subsidios mensuales ante la anodina mirada del Estado a la hora de hacer cumplir lo firmado.

Camiones regadores de la planta automotor de Vialidad conducidos por choferes municipales trabajando horas extras, presuntamente pagadas en negro por el privado pero utilizando el patrimonio comunal; empleados informales en el circo de carreras; un listado de agentes de seguridad privada que nunca cumplieron funciones en el predio y sin embargo, fue presentado por el concesionario como personal contratado (llamativamente dicha lista estaba en el Municipio), además de las ratificadas falencias de infraestructura (empalizada, pista, sistema de riego), formaron parte del combo de anomalías ventiladas ayer por testigos directos del escandaloso desmanejo.

Choferes municipales, cuidadores de caballos, personal de seguridad, desfilaron frente al TOC 1 y respondieron con claridad a los requerimientos del fiscal Marcos Eguzquiza, a la hora de dejar sentadas aquellas irregularidades denunciadas y, por consecuencia, el incumplimiento de los deberes de funcionario público a la hora de controlar, tal reza la imputación contra Pedro Espondaburu.

Así también quedó en claro que los choferes de los camiones respondían al director de Vialidad comunal, Guillermo Alassia, quien impartía las ordenes a los trabajadores para que acudan al predio turfístico para regar la pista en contraturno. Léase, por la mañana regaban las calles de la ciudad, por la tarde, a requerimiento del concesionario, acudían al Hipódromo con los mismos camiones a hacer horas extras que, al decir de los propios choferes municipales, eran abonadas informalmente por el responsable del predio, incluso cargando un promedio de combustible.

Quienes ayer atestiguaron no resultaron ajenos a lo que ocurría respecto a lo que se hacía o no, pero claramente ignoraban los alcances del contrato de concesión. Lo que tenía que realizar el concesionario y lo que el Municipio, por contrato, debía exigir y/o sancionar.

Párrafo aparte merece reseñar que por fuera del clima judicial, cuando el cuidador de caballos Jorge Cuenca realizó la denuncia (nueve años atrás) y empezó a instruirse la causa penal, de buenas a primeras por una decisión política del lunghismo, se determinó que el control de la controvertida concesión pasara a manos de la jefatura de Gobierno, por ese entonces a cargo de Juan Pablo Frolik. Los funcionarios Helena Berestain y Gabriel Bayerque se encargaron de impregnar otra rigurosidad al monitoreo del circo de carreras y su administración. Hasta que el fallecido empresario Blanco amenazó públicamente por los medios con “abrir el ventilador” sobre presuntas relaciones poco claras con el Gabinete. Después de allí, todo volvió a fojas cero, léase controles cero, hasta la caducidad del polémico contrato.

El camión regador

Promediando la media mañana dio inicio la segunda jornada del juicio con el comparendo de Gastón Camio, empleado municipal de la Dirección de Vialidad, más precisamente chofer de uno de los camiones regadores en tiempos de la concesión del Hipódromo.

El trabajador confió que efectivamente por orden de Alassia –su jefe directo- acudió con el camión municipal en varias oportunidades al circo de carreras a regar la pista, antes de la reinaguración.

Asimismo, detalló que dichas tareas eran tomadas como horas extras y la labor se hacía en horario vespertino, quedando a su criterio y a las órdenes del encargado del predio, por ese entonces Jorge Cuenca, quien incluso fue el que le entregó el dinero –informalmente- para que complete un tanque de gasoil a modo de la contraprestación, más otro dinero por las labores del chofer, en la previa de la reinauguración.

A preguntas del fiscal, el chofer dijo desconocer si esas horas extras eran luego blanqueadas a la administración comunal, como así también si tenía algún seguro o ART, por si le ocurría algún accidente o se rompía el camión en medio de esas tareas extraordinarias.

No por casualidad el fiscal le preguntó al testigo si conocía quién era por ese entonces el secretario de Obras Públicas. Si conocía a Mario Civalleri y  si lo había visto alguna vez por el predio, como así también si había recibido alguna orden de él respecto al riego de la pista.

El chofer respondió por la negativa. Que él respondía a su jefe directo, Guillermo Alassia.

Desprolijidades al por mayor

Tampoco se obvió indagar sobre por qué se iba a recargar el tanque al depósito municipal de Muñiz y Aeronáutica Argentina cuando el predio contaba con un tanque de agua, a lo cual no supo responder.

Cabe consignar que efectivamente el tanque de agua era patrimonio del club Hípico, incluso de tiempo antes a la concesión (como las gateras), pero por abandono quedó inutilizado. Según especialistas y no tanto, con la compra de una bomba de presión el tanque funcionaba (como de hecho luego lo hicieron funcionar), pero Blanco nunca quiso repararlo “total el Municipio me manda los camiones”, supo decir uno de los testigos al respecto.

A más aclaraciones: el contrato exigía el sistema de riego entre las inversiones del concesionario.

Otra perlita del paso del empresario y su relación con el Municipio. Una vez desatada la polémica a partir de la denuncia, finalmente el concesionario adquirió un camión para realizar el riego, pero lo puso a nombre de su stud y por eso se lo llevó cuando la concesión caducó, cuando el contrato también establecía que toda inversión y adquisición que se hiciera con la actividad en el predio quedaba como patrimonio del Hipódromo.

Otra desprolijidad relatada por uno de los cuidadores testigos ayer fue que Blanco también intentó llevarse las gateras (originales del tiempo del nacimiento del mítico predio), cuando el propio cuidador lo detuvo alertando que eran propiedad del club Hípico.

Volviendo al camión regador, el defensor Jorge Dames le preguntó al testigo si también había realizado el mismo servicio en otras instituciones, como en el circuito de La Cascada (propiedad del Tandil Autoclub) o en Expotán, por citar un par de ejemplos.

El empleado municipal respondió afirmativamente y que la tarea se realizaba con la misma modalidad, incluso con el pago informal utilizando los camiones del patrimonio comunal.

Claramente la intención de la defensa apunta a quitarle gravedad al asunto y hacer entender que era uso y costumbre “colaborar” con las instituciones, incluso aquellas con fines de lucro en pos de un bien superior como podía ser un espectáculo deportivo o recreativo.

Una salvedad, los casos citados como ejemplos no cobraban un millonario subsidio provincial, ni tampoco firmaron un contrato de concesión en el cual se exigía un sistema de riego, entuerto que seguramente será materia de alegatos de las partes.

La precariedad y el riesgo de vida

También prestaron testimonio cuidadores y personas relacionadas a la actividad turfística, que no hicieron más que ratificar las graves falencias que presentaba el circo de carreras. Desde la peligrosa empalizada “mixta” improvisada con pilotes de cemento y caños de PVC, lo que se presentaba como un verdadero riesgo de vida tanto para el animal como para el jockey, a la mal mantenida pista.

El entrenador de caballos presentado como testigo, Juan Carlos Milan, graficó con claridad dichas irregularidades inseguras, las cuales supo advertir al propio Blanco, pero dijo que el empresario nunca les daba trascendencia.

También reseñó sobre las cuadreras (carreras no oficiales) realizadas sin ningún contralor. Por caso, a la hora del dopaje a los equinos y su riesgo sanitario. Por lo cual, obviamente, había un rédito económico para el que organizaba dichas actividades sin rendir cuentas a nadie.

Asimismo, detalló sobre el cobro en negro que recibía como cuidador de caballos en el circo de carreras, lo que no hizo más que completar el escenario informal con que se trabajaba en el predio concesionado por el propio Municipio.

Con declaraciones del mismo tenor, se cerraría la segunda audiencia de un debate que hasta aquí no hizo más que replicar lo que periodísticamente se difundió durante años y la instrucción penal supo avanzar, pero que en este ámbito judicial,  escuchando en vivo y en directo a los actores, no deja de causar alarma frente a una desidia por la cual surcaron millones de pesos en provecho al menos de una persona. Serán los judiciales los encargados de esclarecer si se trató de un delito penal y hay responsables que deben afrontar semejante despropósito que estuvo frente a todos pero que sólo unos pocos se detuvieron a mirar, principalmente el denunciante, Jorge Cuenca.

Un listado sugestivo

El comparendo del militar retirado Daniel Alberto Rodríguez resultó toda una revelación del affaire que poco había trascendido en los medios de la voluminosa instrucción penal.

El testigo recordó que en tiempo de milicia, y frente a los escasos sueldos que percibían, junto a un grupo de compañeros emprendieron una especie de pyme dedicada a brindar el servicio de seguridad privada en distintas actividades culturales o deportivas. Dicho grupo se conformó en 1994 hasta el 2004, cuando el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que prohibía que personal militar realizara trabajos privados de seguridad.

Así fue que el grupo se diluyó, aunque igualmente Rodríguez  -como otros por su lado- una vez retirado de la fuerza, realizaba “changas” como personal de seguridad contratado, por caso en el mismísimo Hipódromo.

Rodríguez recordó que se trataba de él y no más de tres personas que fueron circunstancialmente contratadas cuando se realizaban las carreras, cumpliendo la función de seguridad en puntos estratégicos donde se manejaba dinero. En las boleterías, administración y donde se cambiaban los jockey. También con ellos el pago de sus tareas era informal.

Lo curioso fue cuando el fiscal le expuso un listado de personal de seguridad en el que figuraba su nombre, ante lo cual el testigo se vio sorprendido porque muchos de los que lo acompañaban en dicha lista nunca habían trabajado con él en el predio.

En efecto, se trataba de la lista que allá por el 94 Rodríguez había presentado en el Municipio para oficializar el grupo de personas que se dedicaban a la seguridad privada hasta que se votó la citada ordenanza que les prohibió seguir con la actividad.

Por causas que quedan para el imaginario colectivo y en suspicacias, ese listado que estaba en la órbita comunal pasó a manos de Daniel Blanco que, a requerimiento de la Provincia cuando se le solicitó información sobre el personal de seguridad contratado (tal rezaba como exigencia la actividad), presentó dicho listado.

“No sé cómo tenía esa lista Blanco. Eso es viejo y había quedado inactivo. Es del tiempo cuando lo presenté en el Municipio”, contestó el testigo que no hizo más que ahondar en las anomalías con las que transitó el cuestionado concesionario bajo -como mínimo- la omisión del Municipio.