Desde Juntos por el Cambio se elaboró un proyecto de comunicación que propone prohibirle el acceso a cargos políticos a personas con condenas.

La iniciativa tiene por objetivo evitar el ingreso a la función pública de personas condenadas a penas privativas de la libertad, que cuenten con sentencia condenatoria confirmada en segunda instancia, aún cuando la misma se encontrare recurrida y hasta su revocación posterior o por el efectivo cumplimiento de la pena, por delitos cometidos en contra de la Administración Pública, como así también los cometidos contra el orden Económico y Financiero, entre otros delitos.

El proyecto será debatido en los próximos días en el Concejo Deliberante.

Para el autor del mismo, el concejal Gustavo Bianchini, «la realidad política requiere adaptaciones dinámicas frente a situaciones que la vida cívica enfrenta; desde la vuelta de la democracia al país, la sociedad ha observado crecientes comportamientos delictivos en la clase política que en la mayoría de los casos no han representado un impedimento para seguir accediendo a cargos electivos, sino incluso una motivación para poder respaldarse en los fueros que dichos cargos ofrecen, desnaturalizando la función de los mismos».

Y agregó: «A lo largo del territorio nacional diferentes propuestas normativas se han presentado en las Legislaturas provinciales y en el Congreso de la Nación, en este sentido, todas las iniciativas responden al espíritu de transparencia al que debemos aspirar como sociedad, bregando por los intereses de la comunidad y ofreciéndoles personas que cuenten con antecedentes penales claros al momento de ser propuestos como precandidatos o candidatos a cargos públicos electivos».