El diputado de Cambiemos aseguró que las protestas «deben ser pacíficas». También busca que se le quite la personería jurídica a las organizaciones que no respeten el espacio público.

En medio de un miércoles marcado por protestas y cortes de calles contra el ajuste, el proyecto de un diputado bonaerense asomó: busca que quienes hagan piquetes no puedan recibir -o dejen de hacerlo- planes sociales.

El legislador de Cambiemos Guillermo Castello presentó este miércoles la iniciativa, con la que pretende que «toda prestación económica que reciba por parte del Estado el autor de delitos o contravenciones cometidas en ocasión de manifestaciones públicas sea suspendida«.

En la presentación, que se realizó mientras diferentes movimientos sociales salieron a la calle en una jornada nacional de protesta, el legislador por Mar del Plata argumentó que «el derecho a la protesta debe ser pacífica y debe terminar cuando comienza el derecho de los ciudadanos a transitar libremente».

El diputado de la Coalición Cívica contempló también en su iniciativa sanciones para las agrupaciones que realicen piquetes al señalar que «las personas jurídicas que reincidan en actos como los señalados serán pasibles de las sanciones de apercibimiento, multa o retiro de la personería jurídica».

El proyecto admitió el supuesto de que se revierta la suspensión «si la persona involucrada indemniza a las víctimas y repara los daños causados, u ofrece garantía suficiente a satisfacción de las víctimas».

«El Estado, en sus diferentes niveles, destina una parte sustancial de su presupuesto a ayuda social con el propósito de contener múltiples vulnerabilidades de distintos orígenes; pero cortar calles y rutas, por más que se haya naturalizado durante el kirchnerismo bajo la consigna de que no debe criminalizarse la protesta social, es un delito», sostuvo Castello, que remarcó que «los argentinos somos rehenes de los piqueteros» ya que «se han adueñado del espacio público».

También consideró que «lamentablemente, en los últimos años muchas de las organizaciones sociales se politizaron al extremo y se transformaron en fuerzas políticas en sí mismas, convirtiendo su principal actividad en organizar protestas y manifestaciones de manera constante y sistemática, acudiendo casi siempre al corte total o parcial de calles, avenidas y rutas en todo el país».

En ese sentido, un relevamiento de la consultora Diagnóstico Político informó que en 2018 hubo 5857 piquetes en todo el país, a un promedio de 16 por día, uno cada hora y media. Ese estudio estableció que la provincia de Buenos Aires encabezó el ránking con 1269 piquetes en el último año, uno cada siete horas.