Una denuncia penal contra el intendente Carlos Arroyo por el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público fue presentada hoy ante la justicia.

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Una de las causas judiciales más delicadas que le tocará afrontar al intendente Carlos Arroyo, ya que ni siquiera cuenta con la documentación de los organismos de contralor municipales que lo avalen, es la relacionada con el acuerdo transaccional firmado el 10 de abril último con la firma Playa Azul SA, concesionaria de las cocheras de Playa Grande, a través de la cual a cambio de la realización de una serie de obras, se la autoriza a habilitar un boliche bailable en ese espacio, lo cual generó una serie de polémicas y medidas previas encaradas por el resto de los concesionarios de ese sector.

“Increíblemente –se señala en la presentación judicial efectuada hoy donde se denuncia al intendente Arroyo por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y se pide que sean citados a declarar varios funcionarios municipales, entre ellos el secretario de Gobierno, Alejandro Vicente- el jefe comunal firmó ese acuerdo sin anular el acto por razones de ilegitimidad, desoyendo todos los dictámenes anteriores”, vulnerando, entre otras cosas, “la expresa prohibición del pliego de proponer ampliaciones o modificaciones hasta que no esté totalmente finalizada la construcción de la obra originalmente propuesta”, al tiempo que se viola la ley orgánica de las municipalidades “ya que ni los secretarios de la comuna ni la presidencia del Emtur podrían dar curso a la contratación arbitraria e ilegítima de las obras que refiere el acta acuerdo sin incumplir las normas expresas que en tal sentido impiden a los funcionarios sortear las vías legales y reglamentarias para la contratación pública dad obras de este tipo”.

La denuncia penal contra el intendente, quien se encuentra a horas nada más de culminar su mandato, es el corolario de una serie de acciones que se iniciaron hace tiempo, y que incluyeron sanciones incluso del Emtur contra la firma concesionaria que se benefició con ese acuerdo que ni siquiera fue avalado no solo por el Concejo Deliberante sino tampoco por distintas dependencias de control de la misma comuna.

Sergio Goransky, en su carácter de representante de las firmas Cubro SA y Playas del Sol SA, con el patrocinio legal del doctor Cesar Sivo, presentó una amplia demanda avalada por valiosa documentación que ya se encuentra en poder del juez.

En la misma, además de denunciarse al intendente Carlos Arroyo se abre la puerta a la investigación de “aquellos otros delitos que surjan de la investigación y que permitan elucidar en relación al mismo, con respecto a toda otra persona particular o funcionario público que haya tenido algún grado de participación, injerencia, etc., en alguna de las maniobras que se manifestaran a lo largo del presente escrito, que pueden constituir los delitos de cohecho en su faz activa y pasiva, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.

Se trata de una causa que generaba preocupación entre los colaboradores más estrechos del intendente y que, a partir de las irregularidades detectadas incluso por numerosos concejales que han presentado pedidos de informes al respecto, deja en una situación judicial vulnerable a Arroyo, quien además enfrenta otros cuestionamientos del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, al tiempo que en las últimas horas se inició una causa en la Fiscalía de Delitos Económicos a partir de la denuncia presentada por el fiscal general Juan Manuel Pettigiani por nombramientos de personal y otras anomalías registradas en la retirada del actual gobierno.

A lo anterior deberá sumársele el anuncio realizado por el intendente electo, Guillermo Montenegro, de realizar una exhaustiva auditoria de todas las áreas del gobierno municipal ni bien asuma sus funciones la semana próxima.

“Al acta transaccional –se lee en otro pasaje de la presentación judicial en la que además se menciona a otros abogados e incluso periodistas- se llega con la exclusiva intervención y firma del señor intendente municipal, quien resulta evidente no cuenta con idoneidad técnica para evaluar presentaciones de esta envergadura y se arroga en esta actuación la suma del poder público”. Es más, se resalta que con la firma del acta transaccional, el Ejecutivo “sorteó una serie de normas porque materialmente otorga una nueva concesión bajo la apariencia de una modificación”.

La playa de estacionamiento ubicada en la zona del túnel de Playa Grande, el eje de la polémica.

“Miente descaradamente”

Tras hacer referencias a declaraciones periodísticas del intendente Arroyo en torno a este tema, en la denuncia penal se consigna que “conociendo que el acuerdo transaccional se encuentra ajeno al marco de todo tipo de prescripción legal, el intendente no admite públicamente las decisiones tomadas desde su posición ejecutiva, sino que miente descaradamente intentando ocultar lo que es imposible, diciendo ‘la cochera va a ser la cochera, no hay vuelta, eso es así. No es que vamos a habilitar mas boliches ni nada de eso’. Si creyera que su obrar es legítimo –se añade- reconocería sus actos siendo responsable político de los mismos con el convencimiento y con la honestidad que dice tener”.

Además de solicitar que se “investigue a fondo” el desempeño dentro de los hechos denunciados que les cupieron a distintos funcionarios y a los controlantes de la firma Plaza Azul SA, se indica que “por las conductas descriptas pueden haber existido otras actividades tipificadas por el Código Penal de la Nación, como los delitos de cohecho en su faz activa y pasiva, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y abuso de autoridad y violación de los deberes de otros funcionarios públicos”.

En el escrito presentado por el abogado penalista Cesar Sivo, respecto al intendente Carlos Arroyo se menciona que el artículo 256 del Código Penal versa que “será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis anos e inhabilitación especial perpetua el funcionario publico que por si o por persona interpuesta recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativa a sus funciones”. Y a continuación se remarca que “es propio desconfiar sobre cuáles son las intenciones del señor intendente para exponerse en semejante forma en protección de Playa Azul SA, en virtud de no poder encontrarse beneficios concretos para el municipio –sino todo lo contrario- y de adquirir la firma evidentes y jugosas ganancias con su obrar”.

También se le solicita al juez que se investigue “quiénes son las personas que verdaderamente controlan a la empresa Playa Azul SA, por poder verse involucrados en la comisión del delito de cohecho en su faz activa, receptado por el articulo 258 del Código Penal”.

Requieren además Goransky y Sivo que sean citados a declarar el actual secretario de Obras y Planificación de la comuna, Guillermo De Paz, la ex directora del Ente Municipal de Turismo, Gabriela Magnoler (fue echada por el intendente, como se informó oportunamente, por negarse a suscribir documentación relacionada con el conflicto en cuestión), el secretario de Gobierno, Alejandro Vicente y distintos concesionarios de Playa Grande, entre otros.

César Sivo.

Un poco de historia

Se recuerda que en 2010 se llamó a licitación publica del complejo de Playa Grande. Entonces, la firma Playa Azul SA pujó por la concesión de la Unidad Turística Fiscal Estacionamiento del complejo para la cual estaba prevista la prestación de los servicios de alquiler de dársenas de estacionamiento y otros afines, teniendo prohibido realizar la actividad gastronómica según el pliego de condiciones particulares.

Sin embargo, con el correr de los años, a través de distintas presentaciones, se pidió desde Playa Azul SA la habilitación de cafetería y gastronomía, restaurantes pubs con shows musicales, lo cual siempre les fue denegado.

Sostiene Goransky que ya el 16 de mayo de 2017 solicitó se declare la caducidad de la concesión ante el incumplimiento de una serie de obras, y si bien el Emtur no hizo lugar a la caducidad, como sanción se le interpusieron diversas multas que fueron recurridas por la firma. La concesionaria solicitó luego la ampliación de los rubros de explotación, proponiendo el pago de un sobre canon adicional, pretensión que fue rechazada porque variaba las condiciones de la oferta.

Tras relatarse cada una de las instancias, se explican detalles del acta acuerdo firmada este año y se refiere que se denuncia penalmente al intendente Carlos Arroyo “por haber suscripto un acuerdo transaccional con el señor Osvaldo Martin Alonso –en su función de presidente del directorio de la empresa Playa Azul SA- por el cual se admitió la concreción de la nueva propuesta de inversión proyectada, a cambio de la realización de un Centro Municipal de Veterinaria y Zoonosis en Laguna de los Padres, la puesta en valor de un inmueble de propiedad municipal y la demolición de la Unidad Turística Fiscal N° 5 de La Perla”.

Se hace hincapié también en que el intendente modificó el objeto de un contrato que surge de una licitación publica, arrogándose facultades correspondientes al Concejo Deliberante, al tiempo que se violó el procedimiento administrativo en cuando a la sustanciación de las actuaciones que carecieron de dictamen técnico, contable y legal al respecto y carecieron del refrendo obligatorio de los secretarios de las áreas competentes.

Además, se denuncia que se pactaron la realización de obras a modo de compensación adicional, que en relación a los montos involucrados y a la modalidad referida en el mismo, configuraría el supuesto de un contrato irregular en violación a las formalidades requeridas para la ejecución de obras publicas sobre bienes del patrimonio municipal dispuestas en la Ley Orgánica de las Municipalidades.

“En este momento –se puntualiza- puede graficarse un punto de inflexión en el tratamiento a la empresa de parte del municipio, dando permisiones que en otros casos hubiesen generado la caducidad de la concesión. Al no tener interés real en explotar la principal actividad de la UTF Estacionamiento, los responsables de Playa Azul SA no realizaron en su totalidad siquiera una de las inversiones principales mencionadas en la propuesta por la que obtuvieron la concesión, evidenciando los verdaderos motivos inescrupulosos de la misma. Por ello tuvieron multiplicidad de incumplimientos al contrato de licitación”, se apuntó.

“Ha quedado evidenciado que la empresa licitante –se indica en la denuncia penal presentada hoy- ha tenido desde siempre el interés subrepticio de transformar el estacionamiento en un local bailable, violando las normas especificas y defraudando al Estado, perjudicando en las condiciones de contratación a los demás concesionarios de Playa Grande y obteniendo la realización de un negocio millonario con una inversión mínima”.

Fuente: La Capital