Por 180 días, las empresas de servicios no podrán realizar cortes a usuarios vulnerables

Beneficiará a quienes reciben la AUH, a jubilados, a monotributistas sociales y a pymes que adeuden hasta tres facturas. Regirá para luz, gas, agua, telefonía fija y móvil, internet y TV por cable.


El presidente Alberto Fernández firmó un decreto para prohibir los cortes de todos los servicios esenciales a los sectores más vulnerables de la población y a las pequeñas empresas en emergencia.

La medida regirá por 180 días e incluye a los servicios de energía eléctrica, gas por redes, agua potable, telefonía fija o móvil, internet y TV por cable o satelital. El servicio no podrá ser cortado por mora o por falta de pago de hasta tres facturas.

No obstante, el beneficio es para un universo limitado de usuarios: los beneficiarios de Asignación Universal por Hijo o por Embarazo, pensiones no retributivas, inscriptos en el monotributo social, jubilados que cobren el haber mínimo, trabajadores que cobren el salario mínimo, beneficiarios del seguro de desempleo, electrodependientes, empleados en casas particulares y exentos de impuestos inmobiliarios.

También están restringidos los cortes de servicios para pymes y microempresas en emergencia, cooperativas y empresas recuperadas, empresas de salud públicas o privadas y para las organizaciones de bien público que participen de la cadena de alimentos.

Los usuarios que cuenten con servicios prepagos de electricidad no estarán obligados a pagar la recarga y las empresas sí estarán obligadas a proveerles la misma cantidad de energía que venían pagando. A aquellos que tuvieran contratados planes análogos de telefonía móvil e internet móvil, las empresas deberán garantizarles un mínimo de conectividad.

Además, las empresas prestatarias estarán obligadas a generar un plan de pagos especial para saldar las deudas para los sectores y las empresas más vulnerables.

Esta medida es la última de un amplio paquete de anuncios que apunta a morigerar el impacto de la paralización de la economía y que, en total, demanda a la Nación unos 870 mil millones de pesos.