Dos funcionarias de la Secretaría de Acción Social de Pinamar fueron detenidas y acusadas de robarse el crédito de más de 300 tarjetas Alimentar destinadas a paliar la crisis en los más necesitados.
“En el día de ayer dos empleadas municipales fueron detenidas en el marco de una investigación vinculada al robo de fondos con la tarjeta alimentar. Nuestro equipo esta a entera disposición de la justicia para que se esclarezcan los hechos y se determinen los responsables” publicó este viernes el intendente de esa localidad, Martín Yeza.
Según pudo determinar la Justicia de Dolores, las empleadas municipales se quedaron con más de 300 tarjetas de dos partidas y no las hacían llegar a los beneficiarios designados por ANSES/AFIP. Luego utilizaban los postnet de dos comercios, uno en Pinamar y otro en Vicente Lopez, para simular compras de alimentos pero quedarse con el saldo en sus cuentas bancarias.
Nora Ponce fue la directora del programa de entrega de la Tarjeta Alimentar en Pinamar y quien el año pasad al detectar las irregularidades de la gente a su cargo hizo la denuncia. En declaraciones a medios de la ciudad balnearia dijo sobre las dos empleadas detenidas: “Andrea trabajaba conmigo hace bastante tiempo, Cecilia se incorporó no hace mucho al equipo de trabajo” pero destacó que “la que hace la denuncia soy yo… nunca detecté una situación irregular anterior”.
“En la primera tanda 140 tarjetas no fueron entregadas y en la segunda tanda fueron 230 más o menos” y que “esta irregularidad la detecté en la primera tanda por intervenir y asesorar a la persona”.
Según pudo saberse las dos funcionarias de Desarrollo Social del municipio están acusadas de haber robado lotes de la tarjeta y entregar los plásticos a la pareja de una de ellas, según trascendió.
Por medio de conocidos comerciantes habrían simulado gasto por un monto superior a los 2 millones de pesos.
El fiscal Mario Pérez, del Departamento Judicial Dolores, acusó a las seis personas detenidas -que quedaron a disposición del juez de Garantías David Mancinelli- por el delito de “defraudación en perjuicio de la administración pública”.
