Tras la declaración de Manzanares, la Oficina Anticorrupción se sumó a la presentación que ya había hecho la Unidad de Información Financiera. En el 2010 Oyarbide sobreseyó al ex matrimonio presidencial.

El Gobierno refuerza los pedidos para que la Justicia Federal reabra la causa por presunto enriquecimiento ilícito de los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner, que fueron sobreseídos en 2010 por el entonces magistrado Norberto Oyarbide. A la presentación que hizo la Unidad de Información Financiera (UIF) el año pasado se sumó recientemente la de la Oficina Anticorrupción (OA), ante el juez federal Ariel Lijo.

El organismo encabezado por Laura Alonso hizo el planteo a partir de las declaraciones ante la Justicia del histórico contador de los Kirchner Víctor Manzanares, que fue aceptado como «arrepentido» en la causa de los cuadernos de las coimas.

«Se han incorporado elementos muy serios y contundentes que ponen en evidencia que, tanto la resolución que benefició a los imputados en 2009 como la pericia contable en que se apoyó, fue el resultado de una coordinada maniobra delictiva que involucra tanto a quienes detentaron la máxima investidura del Poder Ejecutivo Nacional», planteó la OA en su presentación.

Las maniobras denunciadas, incluyen, según la declaración de Manzanares, «a funcionarios de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado, a un exAuditor General de la Nación, a miembros del Cuerpo Pericial Contable de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a profesionales de confianza del matrimonio Kirchner; y por supuesto al exjuez federal Oyarbide».

En su declaración Manzanares se refirió a reuniones con Oyarbide, con peritos de la Corte y otros hechos que, de ser comprobados, podrían generar la reapertura del expediente. Lijo ya le pidió a su par Claudio Bonadio la declaración del «arrepentido». Dijo que junto al entonces juez arregló la pericia contable que llevó a cerrar la causa.

Para la OA el único objetivo de la maniobra contada por Manzanares era «obtener en forma ilícita y en tiempo récord una pericia contable manipulada y luego el sobreseimiento de los ex presidentes, para lograr así el estado de cosa juzgada en esta materia».

«Nos encontramos ante una situación que implica una afrenta inaceptable a los principios más elementales del Estado de Derecho; ante un hecho delictivo intolerable para nuestro orden jurídico», planteó el organismo en su presentación.

Oyarbide abrió la causa en 2009 y al año siguiente sobreseyó al ex matrimonio presidencial. Al declarar en la causa de los cuadernos de las coimas dijo que en actuó coaccionado en esta investigación. Ante estas confesiones primero fue la UIF la que pidió la reapertura del expediente, planteo al que ahora se sumó la OA.

El organismo ponderó la declaración testimonial del exauditor de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) Eduardo Blanco Álvarez, que dijo que encontró «inconsistencias» en el patrimonio investigado.

Blanco Álvarez elaboró en su oportunidad un informe técnico muy crítico del trabajo del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema que intervinieron en el estudio que dio lugar sobreseimiento, y que nunca fue considerado en el expediente judicial.