La solicitud fue efectuada al juez Julián Ercolini, que ya procesó a la ex mandataria como responsable de maniobras ilícitas para lavar dinero a través de la firma Hotesur S.A., dueña del hotel Alto Calafate, y le trabó un embargo por 800 millones de pesos.
El pedido incluye al empresario Lázaro Báez, Romina Mercado, sobrina de la ex presidenta, Osvaldo Sanfelice, supuesto testaferro de los K, entre otros. En este expediente se investiga el alquiler de habitaciones por parte del dueño de Austral Construcciones a la empresa de la ex familia presidencial. La reserva de estos servicios es, para la justicia, un pago de coimas a cambio de los contratos de obra pública.
En estas operaciones se habrían blanqueado unos $80 millones. «Los planes criminales llevados adelante por esta organización criminal no se agotaban en el sistema de beneficios y prebendas a favor de los empresarios amigos, que de esta forma se enriquecían gracias a los vínculos trazados», sostuvieron en el dictamen los fiscales.
En el dictamen se agregó que «los empresarios junto con los ex mandatarios y otros miembros de la organización, elaboraron un sistema destinado a transferir y disimular parte de las ganancias que se encontraban en poder de los empresarios a los propios expresidentes y a su núcleo familiar mediante préstamos, compra de propiedades, alquiler de habitaciones, etc».
La hipótesis que investigan los fiscales es que los hijos de la ex presidente recibían parte de este dinero «bajo cierta apariencia de legitimidad» lo que les permitía luego declarar los fondos ante la Oficina Anticorrupción (OA). Este volumen de dinero incluye los 4,6 millones de dólares que la hija de Cristina Kirchner tenía en el Banco Galicia, embargados hace dos años.
