Según el presidente, el propósito del decreto es avanzar con la extinción de dominio, para que la Justicia pueda recuperar más rápido y de forma trasparente los bienes derivados de delitos graves. «Lo hacemos por esta vía porque su aprobación es urgente y los proyectos están atascados hace años, ya esperamos demasiado», remarcó Macri. «En Argentina, el que las hace las paga», enfatizó.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, explicó que el DNU permite que un juez civil «determine que esos bienes no los puede tener» un delincuente, independientemente de los procesos penales. «Todos los DNU entran al Congreso. No creemos que haya un solo diputado o senador que esté en contra de sacarle los bienes a quienes les roban a la gente», subrayó a la prensa tras el anuncio. Además afirmó que la extinción de dominio «se podría volver retroactiva a 15 años».

El proyecto fue aprobado en Diputados en junio de 2016 y, después de casi dos años, el Senado le hizo cambios en base a una propuesta del jefe de bancada peronista Miguel Ángel Pichetto. La iniciativa -avalada por la Cámara alta- indica que la extinción de dominio debería ejecutarse una vez que exista una sentencia de primera instancia, cuestión que es rechazada por Cambiemos.