El Gobierno aún no oficializó la anulación del protocolo de actuación para casos de interrupción legal del embarazo que firmó el secretario de Salud de la Nación.
Mauricio Macri aún no oficializó la derogación del protocolo para el aborto no punible que firmó el miércoles el secretario de salud. Además, de esta forma Adolfo Rubinstein continuará como secretario de Salud de la Nación.
Ayer, la Secretaría de Salud publicó en el Boletín Oficial la actualización del protocolo de aborto no punible. La resolución renovaba el protocolo de 2015 y remarcaba que el aborto no es delito en la Argentina cuando existen motivos de salud ni cuando el embarazo es producto de una violación. El texto aclaraba que la voluntad de la víctima debe primar sobre las decisiones de los padres o el personal de salud de un hospital.
Fuentes cercanas a la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, jefa de Rubinstein, habían dicho que la resolución que facilita la interrupción de embarazos en menores de 15 años sería anulada. La revocatoria apuntaría a “la falta de intervención de los organismos con competencia en materia de niñez y adolescencia, discapacidad y mujer“. Sin embargo, no fue publicada en el Boletín Oficial ninguna resolución que invalide el protocolo.
La actualización indicaba que se adecuó a “normativas internacionales” por lo que “entre los 13 y 16 años las personas adolescentes pueden dar su consentimiento autónomamente para las prácticas de la interrupción legal del embarazo (ILE), cuando esta práctica no implique un riesgo grave para su salud o su vida”. La resolución 3158/2019 se confeccionó “teniendo en cuenta las dos ediciones de la ‘Guía Técnica para la Atención Integral de Abortos No Punibles’ de 2007 y 2010”.
Además, remarcaba que “la actualización del Protocolo responde, también, a la necesidad de renovar las recomendaciones internacionales acerca de los procedimientos para la ILE (dosis de medicamentos y AMEU-Aspiración Manual Endouterina) y reforzar la importancia del acceso rápido a la atención integral y a la práctica, haciendo hincapié en la atención en el primer nivel y los tratamientos con medicamentos”.
Esta actualización “es parte de la política pública llevada adelante por la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva”. Además, afirmaron que “responde a la necesidad de actualizar la normativa adaptándola al Código Civil y Comercial de 2015 y la Resolución 65/2015 del Ministerio de Salud de la Nación”.
La disposición generó un nuevo foco de conflicto entre el Pro y la UCR. El presidente Mauricio Macri y Stanley dejaron trascender que no estaban al tanto de la resolución y desautorizaron a Rubinstein. En la Casa Rosada acusaron al funcionario de no consultar con nadie la resolución y pidieron la renuncia del funcionario. El radicalismo salió a defender al funcionario y criticaron la actitud del gobierno.
