La medida la tomó la Cámara Federal, en la causa en la que la expresidenta es investigada como jefa de una asociación ilícita. Además le trabaron un embargo por $1.500 millones.
La Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento con prisión preventiva de la expresidenta Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita y autora de 27 hechos de cohecho en la causa de los cuadernos de las coimas. Además le trabó un embargo por $1.500 millones. Con esta decisión el juez federal Claudio Bonadio quedó en condiciones de insistir ante el Congreso con el pedido de desafuero de la actual senadora de Unidad Ciudadana, como anticipó que haría cuando la procesó.
El tribunal además ratificó las imputaciones con prisión preventiva de los detenidos exministro K de Planificación Julio De Vido, exsubsecretario de Control y Coordinación Roberto Baratta y exsecretario de Obras Públicas José López, por considerarlos organizadores de una asociación ilícita y autores de varios hechos de cohecho. La Cámara determinó también que los empresarios «no formaban parte de la organización ilegal», por lo que solo fueron procesados por cohecho, como lo indica la resolución de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
El tribunal convalidó la constitucionalidad y la aplicación en esta causa de la ley del arrepentido, así como la intervención de Bonadio. Además consideró como prueba válida los cuadernos del exchofer de Baratta, el arrepentido Oscar Centeno, cuyas anotaciones dieron origen a la investigación por el pago de coimas de empresarios de la obra pública y energéticos a funcionarios durante el kirchnerismo. El tribunal determinó que la exmandataria siempre tuvo «conocimiento del sistema de recaudación» y que fue responsable de haber dirigido la «asociación ilícita».
«El dinero recorrería un circuito que lo llevaría finalmente a las manos de Daniel Muñoz y de ahí, a los ex mandatarios. En definitiva, es en Néstor Kirchner y Cristina Fernández donde el círculo termina por cerrarse», indica uno de los tramos clave del fallo, que menciona al exsecretario de Néstor Kirchner, que murió en 2016.
La Cámara agravó la situación de los empresarios Carlos Wagner (arrepentido) y del detenido Gerardo Ferreyra, al considerar que actuaron como «organizadores» de la asociación ilícita y no como miembros. Lo mismo ocurrió con otro arrepentido, Ernesto Clarens, que quedó procesado como «organizador» de la asociación ilícita.
El Tribunal de Apelaciones además confirmó los procesamientos con prisión preventiva de los exfuncionarios Nelson Lazarte, Rafael Llorens, José María Olazagasti y Oscar Thomas, como miembros de asociación ilícita. Mientras que dictó la falta de mérito por el delito de asociación ilícita y los dejó acusados por cohecho, un delito más grave que el de dádivas, imputado en algunos casos por Bonadio.
Además se revocó la falta de mérito y se procesó a los empresarios Jorge Neira, Héctor Sánchez Caballero, Rodolfo Poblete, Héctor Zabaleta y Francisco Valenti como partícipes necesarios de cohecho, al hacer lugar a una apelación al respecto de los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rivolo.
Resultaron beneficiados el exjuez federal Norberto Oyarbide y los exfuncionarios kirchneristas Oscar Parrilli, Javier Fernández y Jorge Mayoral, cuyos procesamientos fueron revocados y quedaron con falta de mérito. En tanto que ordenó liberar a ocho detenidos: Hernán Gómez, Fabián García Rawson, Walter Fagyas, Hernán del Río, Raúl Vertúa, Carlos Mundin, Néstor Otero y Juan Carlos Lascurain, estos dos últimos actualmente con prisión domiciliaria.
