Las rutas de El Rápido Argentino fueron tomadas por otras compañías por decisión del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires.
El Rápido está en una delicada situación financiera y operativa y desde comienzo de mes que no presta servicios por una huelga de sus trabajadores. Son 800.000 los pasajeros que se vieron afectados y que fueron reubicados en otras compañías.
Los empleados de El Rápido SA están de paro desde el 2 de octubre y las líneas 301, 344 y 447, que recorren 58 municipios de la Provincia de Buenos Aires, fueron cubiertas desde el 11 de este mes por otras compañías de ómnibus por disposición del Ministerio de Infraestructura bonaerense.
Mientras tanto, según consignó BAE Negocios, la compañía le reclama una deuda de $150 millones a la provincia. Pero, de acuerdo con fuentes del Ministerio de Infraestructura del distrito, es dinero de subsidios por las rutas provinciales que a la compañía no le corresponde porque no cumplió con ciertos requisitos, como ofrecer un servicio sin interrupciones.
Además, añadieron que la determinación de sacarle rutas a la firma para dárselas a otras empresas no solo se debió al paro de los trabajadores, sino también a que las unidades de El Rápido tenían desperfectos técnicos y eran parte de un parque automotor avejentado.
Una crisis sectorial
El Rápido no es la única compañía de micros de larga distancia que está en problemas. En septiembre del año pasado, Flecha Bus se presentó a concurso preventivo afectada por la caída en la venta de pasajes.
Según la Cámara Empresaria de Larga Distancia, en 2011 todo el sector emitió 52,7 millones de pasajes. Terminó 2015 con 37,9 millones de pasajes emitidos y en 2018, esa cifra descendió hasta los 32,2 millones. También retrocedió la cantidad de viajes realizados, de 1,3 millones en 2011 a unos 900.000 proyectados para este año.
Cuando se presentó a concurso, Flecha Bus emitió un comunicado en el que aclaraba que con esa decisión se estaba ajustando a las circunstancias económicas que incluyen «la inserción en el mercado de opciones de transportes con alta competencia y bajos precios», como el aéreo, y «los ajustes extremos de los costos reales», como el del combustible y los peajes.
Un año después, la situación es similar. En septiembre de este año las cámaras que agrupan al sector elaboraron un texto conjunto en el que manifestaron su disconformidad por la decisión de dejar afuera al transporte público de pasajeros del decreto que congeló el precio de los combustibles por 90 días.
«Preocupantemente, desde la liberación del precio de los combustibles mayoristas o a granel, el valor del litro de gasoil que pagan las empresas de transporte de pasajeros de larga distancia se ha incrementado significativamente, superando incluso al de la propia estación de servicio», detalla el comunicado.
El servicio de ómnibus funcionó durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner con subsidios del Estado, pero a fines de 2016, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, bajó todo tipo de transferencias. La llegada de las aerolíneas low cost obligó a las compañías terrestres de larga distancia a iniciar la reconversión.
