Mientras el Senado continúa con el debate de la Ley de Bases y el paquete fiscal, los concejales del Frente de Todos y Unión por la Patria expresaron su preocupación por la media sanción que recibieron ambos proyectos en la Cámara de Diputados.
A continuación, el comunicado de la oposición:
«Las mencionadas normas, bajo el manto de una aparente racionalidad económica y política determinan retrocesos en materia de derecho laboral, pérdida de decisión soberana en asuntos estratégicos y sacrificio de la industria nacional a favor del interés extranjero.
Consideramos que dicha legislación no persigue aportar solución alguna al ciudadano de a pie en este momento de penuria generalizada, sino que más bien tiende a aumentarla. Como escribiéramos en la salutación del día del trabajador pasado: ‘No concebimos que, hallándose nuestra ciudad en el centro productivo del país, el empleo no registrado sea la norma, los salarios no superen la suba inflacionaria y el mercado laboral no ofrezca a nuestros jóvenes empleos de calidad que potencien sus capacidades y aseguren su bienestar’. Esta situación es agravada por la extensión en los periodos de prueba, la sustitución del sistema de indemnizaciones por un fondo de cese laboral y la derogación de las multas para aquellas empresas que tengan trabajadores no registrados. Los impulsores de estas medidas, que se proponen ‘aliviar’ al empresariado a la hora de contratar, omiten que en ambas normas y en el plan general del gobierno no hay una sóla mención a la reactivación productiva del país. Teniendo en cuenta el estado recesivo de la industria resulta impensable que se estimule el empleo abaratando el “costo laboral”. Lo que hoy necesitan tanto empresarios como trabajadores es que se incentive el entramado productivo nacional, con un proceso virtuoso de industrialización, consumo interno, y exportaciones con valor agregado. En consonancia con lo anterior, tenemos que rechazar definitivamente el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), cheque en blanco que pretende otorgar el gobierno para garantizar inversiones extranjeras en el país a cualquier precio, en detrimento de la industria nacional.
En términos fiscales la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, la eliminación del monotributo social y el aumento del piso del impuesto de bienes personales recargan aún más el peso de la recesión sobre los trabajadores y trabajadoras argentinas. La derogación de la moratoria jubilatoria, ajusta sobre aquellas personas que han trabajado toda su vida en el marco de la informalidad, negándoles el derecho a una jubilación digna.
Por otro lado, la potencial venta de Aerolíneas Argentinas y ENARSA, entre otras, resigna soberanía en la decisión de temas de crítica importancia en una coyuntura global caracterizada por el conflicto y el reacomodo geopolítico en un nuevo orden mundial.
Esperamos desde nuestro humilde lugar, que los senadores que en este mismo momento tratan las normativas expuestas, reflexionen sobre las graves consecuencias que tiene su aprobación para el futuro de nuestra Patria».
