La justicia de la provincia de Buenos Aires intimó a IOMA a cancelar la deuda de más de $315 millones que mantiene con los prestadores de diálisis. Entiende que en el contexto de la pandemia estos pacientes son de extrema vulnerabilidad y que no pueden ver suspendidos sus tratamientos.

La Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales de la Capital Federal y Provincia de Buenos Aires(ARD) celebró la resolución del juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 3 Departamento Judicial La Plata que intima a al Instituto de Obra Médico Asistencial de la Provincia de Buenos Aires a pagar la deuda  de $ 315.651.437,71 que tiene con los prestadores, luego de que el organismo solicitara una medida cautelar para que el servicio no fuera suspendido. El último pago recibido fue de un 30% de la prestación en el mes de Agosto de 2019.

El pasado 7 de agosto, una resolución del juez Francisco José Terrier ordenó a la ARD a abstenerse de interrumpir la prestación de hemodiálisis a los pacientes del Programa Incluir Salud UGP Buenos Aires (IOMA). Pero, al mismo tiempo intimó al Instituto a que “arbitrando los medios necesarios por ante la Agencia Nacional de Discapacidad, afronte el pago de la deuda que mantiene con los centros prestadores de tratamiento de hemodiálisis pertenecientes a la Asociación demandada y que atienden a pacientes beneficiarios del programa de salud referido, como así abone las prestaciones que se están brindando en la actualidad, a fin de evitar que los pacientes considerados de alto riesgo en este contexto de pandemia, vean interrumpido o suspendido su tratamiento. A tal fin, el IOMA deberá presentar en estos obrados un informe mensual que dé cuenta del historial de pagos efectuados, correspondiendo la presentación del primer informe a los treinta (30) días de notificada esta medida”.

 En este sentido, el Dr. Alfredo Casaliba, presidente de la ARD aseguró que “estamos satisfechos con esta resolución porque la Justicia puso en primer lugar el derecho a la salud de los pacientes en diálisis. Como prestadores del servicio, independientemente de que tengamos una orden judicial para seguir dializando, es una realidad que si no nos pagan y no podemos comprar los insumos en algún momento, por más voluntad que haya, no vamos a poder seguir haciéndolo. Es fundamental que todas las partes cumplamos”.