La Defensoría del Pueblo bonaerense realizó un análisis sobre las políticas públicas que apuntan a la lucha contra las violencias que sufren las mujeres y las personas trans y travestis, y reclamó mayores presupuestos provinciales y municipales que permitan abordar de manera integral y articulada esta problemática.

“La implementación de políticas públicas integrales en materia de violencia de género es una deuda pendiente en Argentina. El Estado debe definir y ejecutar acciones concretas que promuevan la autonomía económica de las mujeres, el acceso al empleo, a la tierra y a la vivienda que puedan garantizar una vida libre de violencias”, sostuvo el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, al conmemorarse el Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.

“Estas deudas en materia de derechos humanos de las mujeres y personas trans y travestis se agravaron en el último tiempo con el deterioro y desmantelamiento de programas gubernamentales, como así también con la reestructuración y reducción de las áreas y organismos dedicados a la problemática en los distintos niveles del Estado”, precisó Lorenzino.

Ante este panorama, la Defensoría consideró como prioritario la implementación la ley de Educación Sexual Integral (ESI) en el territorio provincial, ya que su aplicación es clave en la promoción de contextos no violentos al promover prácticas educativas libres de discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género.