La Corte Suprema convocó a una nueva audiencia pública, esta vez para el tratamiento del autocultivo del cannabis para uso medicinal, para los próximos 27 y 28 de abril en el Palacio de Justicia.

Se trata de un expediente en el que está cuestionada una condición que establece la ley del cannabis medicinal que obliga a los pacientes a aceptar un procedimiento previo experimental, que se insinúa como un obstáculo para el acceso al fármaco.

La Corte explicó que se debatirá la decisión de la Cámara Federal de Rosario, que rechazó la acción de amparo promovida por María Laura Acosta y Yanina Viviana Bustos, de la Asociación Civil MACAMÉ, y en representación de sus hijos menores de edad.

En esa acción de amparo, solicitaban autorización para el autocultivo de cannabis con fines medicinales.

La acción judicial apunta a declarar “la  inconstitucionalidad de toda normativa que prohíba el autocultivo de cannabis para consumo medicinal”.

Además, reclama una medida cautelar que impida toda persecución penal mientras se tramita la causa.

La Ley de Cannabis establece una regulación para el uso de esa forma de terapéutica para determinadas dolencias, pero –según el reclamo- excluye a patologías como autismo y trastornos neurológicos, para los que se ha demostrado de manera experimental como altamente eficiente.

El autocultivo está penado por la Ley de Estupefacientes 27.737.

“Si bien la experiencia de las madres indicaría que el suministro de derivados de cannabis resultaría beneficioso para la calidad de vida de sus hijos, lo cierto es que los pacientes y sus madres cuentan con vías legales o judiciales (llegado el caso) para obtener el medicamento estandarizado«, sostiene el fallo de Rosario que estará en discusión pública ante la Corte.

El tribunal habilitó la participación de los “amicus curiae” (terceros que, sin ser parte, puedan aportar por su experiencia y conocimientos para una mejor solución del expediente).

Además, la Corte invitó a participar de las audiencias al procurador general interino, Eduardo Casal, y a la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez.