El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, denunció a funcionarios del Ministerio de Agricultura nacional por la supuesta entrega ilegal de miles de hectáreas de tierras provinciales y privadas a integrantes del Movimiento Evita, una de las organizaciones más cercanas al presidente Alberto Fernández.

Entre los principales apuntados por la denuncia del mandatario jujeño se destaca Miguel Gómez, secretario de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, que entregó certificaciones a 63 familias para acreditar su posesión de tierras para producir. El Gobierno jujeño afirma que se trata de 23.000 hectáreas en Palma Sola, una localidad del Departamento de Santa Bárbara.

Según confirmó José Surita, un referente del Movimiento Evita de Jujuy, en redes sociales, las tierras quedaron en manos de familias agrupadas en el Frente Agrario Evita de Yuto, Palma Sola, Orán, La Caldera Salta, Palpalá e Hipólito Yrigoyen.

“El compañero Miguel Gómez hizo entrega de 63 carpetas donde se reconoce y se releva esas tierras para que los campesinos y ganaderos no sufran el desalojo al que nos tienen acostumbrados algunos terratenientes o amigos del poder político de turno en donde los despojan de las tierras”, dice Surita en un video subido en la cuenta oficial del Movimiento Evita.

El propio Gómez es integrante de la organización social que respalda al Presidente y está comandada, a nivel nacional, por Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro, ambos funcionarios del Gobierno.

Además del secretario de Agricultura Familiar, fueron denunciadas por “usurpación y abuso de autoridad” la directora de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias, María José Castillo, y la intendenta del “Parque Nacional Calilegua” de la Administración de Parques Nacionales, Cecilia Iriarte.

“Los actos emitidos por los funcionarios públicos denunciados permiten claramente encuadrar sus accionar en el marco típico de los delitos denunciados, en tanto, en clara extralimitación de sus competencias, y a sabiendas, arbitrariamente procedieron a emitir instrumentos de reconocimiento de posesión a particulares sobre territorios que pertenecen al dominio privado del estado provincial o bien de propiedad de personas humanas o jurídicas privadas locales”, señala la denuncia.