“Hoy somos una sociedad mejor que amplía derechos”, dijo Alberto Fernández

El jefe de Estado celebró esta mañana la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). «Amplía derechos a las mujeres y garantiza la salud pública», destacó.

El presidente Alberto Fernández celebró esta mañana la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) al destacar que “amplía derechos a las mujeres y garantiza la salud pública”, y que se trató de un compromiso de campaña y una promesa de gestión, ahora hechos realidad.

“Hoy somos una sociedad mejor que amplía derechos a las mujeres y garantiza la salud pública. Recuperar el valor de la palabra empeñada. Compromiso de la política”, destacó desde su cuenta en la red social Twitter.

En su tuit, publicado tras la sanción de la ley que legaliza el aborto en la Argentina por parte del Senado, Fernández señaló: “El aborto seguro, legal y gratuito es ley”.

Impulsado por el Poder Ejecutivo, el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo había obtenido media sanción de la Cámara de Diputados el 11 de diciembre pasado.

El envío de la iniciativa por parte del Gobierno había sido no sólo un compromiso de campaña de Alberto Fernández sino también una promesa expresada ante la Asamblea Legislativa, el 1 de marzo de este año, al dar inicio al período de sesiones ordinarias.

Allí, el mandatario asumió que “toda sociedad necesita respetar la decisión individual de sus miembros a disponer libremente de sus cuerpos” y dejó claro su postura ante el aborto: “Un Estado que cuida debe acompañar a todas las mujeres para que estos procesos se desarrollen accediendo plenamente al sistema de salud”.

“La legislación vigente no es efectiva”, planteó el Presidente en su primer discurso inaugural de un período ordinario de sesiones del Congreso Nacional y recordó que “desde 1921, la Argentina penaliza la interrupción voluntaria del embarazo en la mayoría de las situaciones”.

“Cien años después, la jurisprudencia da cuenta de lo ineficaz que resulta la norma desde un criterio preventivo. Está visto que son muchas las mujeres que no se sienten conminadas por la pena prevista para el aborto y que recurren a él para interrumpir sus embarazos”, sostuvo frente al Parlamento.

“La existencia de la amenaza penal no solo ha sido ineficiente, demostrando que el devenir social transcurre más allá de la misma norma”, agregó.

En ese tramo de su mensaje, Fernández planteó que esa amenaza penal “ha condenado a muchas mujeres, generalmente de escasos recursos, a recurrir a prácticas abortivas en la más absoluta clandestinidad, poniendo en riesgo su salud y a veces su vida misma”.

“Todos saben de lo que estoy hablando. El aborto sucede. Es un hecho. Y es solo esa hipocresía que a veces nos atrapa, la que nos hace caer en un debate como este”, añadió el mandatario.

Del mismo modo, consideró que “un Estado presente debe proteger a los ciudadanos en general y a las mujeres en particular” y que “en el siglo XXI toda sociedad necesita respetar la decisión individual de sus miembros a disponer libremente de sus cuerpos”.

En ese marco, anunció enviaría al Parlamento “un proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar”.

Sin embargo, pocos días después, se declaraba la pandemia de coronavirus a nivel mundial y la Argentina entraba en aislamiento social, preventivo y obligatorio.

En ese marco, los esfuerzos del Gobierno nacional debieron volcarse a sostener a los sectores vulnerables y recuperar el sistema sanitario de todo el país, con infraestructura e insumos, para poder atender la emergencia sanitaria.

No obstante, la promesa del Presidente de enviar el proyecto se cumplió antes de finalizar el año, el 17 de noviembre pasado, y, horas atrás, la legalización del aborto en la Argentina se transformó en un hecho luego de su trámite parlamentario.

Ahora, como es de rigor para la puesta en marcha de las normas, sólo restará su promulgación por parte del Ejecutivo y su posterior reglamentación.

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