Hubo seis allanamientos. Detuvieron a dos funcionarios del área de Educación. Hay más empleados estatales implicados.

La Justicia desbarató una banda que funcionaba dentro de la estructura ministerial de la provincia de Buenos Aires y que usaba tarjetas de crédito oficiales, destinadas a cargar combustibles de autos estatales, para hacer gastos millonarios. Desviaron miles de pesos para comprar yates, autos y vehículos de alta gama.

Dos funcionarios de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense fueron detenidos acusados de asociación ilícita y malversación de fondos públicos. Se trata de Gustavo Chiamberro y Diego Burgos, jefes del Departamento Combustible y Automotores de la cartera educativa; en la causa, además, hay otros dos funcionarios con pedidos de eximición de prisión.

La forma de operar era la siguiente. Aproximadamente hay 600 autos oficiales con su respectiva tarjeta de crédito que está destinada para cargar combustible. Sospechan que el plástico fue usado en connivencia con algunos playeros que se quedaban con efectivo.

Los investigadores empezaron a sospechar luego de que el 26 de abril, en un control policial, un playero de una estación de servicio de la calle 44 y 31 de La Plata fue demorado. Cuando le pidieron la documentación de la camioneta Grand Cherokee que manejaba le descubrieron 15 tarjetas y 50 mil pesos. Esto inició las actuaciones que determinaron los operativos de este jueves.

Los efectivos policiales comprobaron que el playero tenía tarjetas de débito Bapro Copres, que utilizan los organismos públicos para cargar combustible en vehículos oficiales. Además de la investigación judicial, la cartera educativa inició sumarios ante la sospecha de que puede haber más empleados involucrados en la maniobra.

La derivación más dramática del caso fue que luego de que detuvieran al empleado de la estación de servicio, su jefe, Maximiliano Normann, fue encontrado muerto. Los investigadores creen que se suicidó.

«La maniobra viene desde 2014, según la investigación, por lo que se puede decir que es millonaria la malversación de caudales en perjuicio de la administración pública provincial», afirmó el fiscal, en un testimonio a Télam.