Escuelas: más del 50% tiene problemas edilicios y se vulnera el derecho a estudiar de casi 20.000 alumnos

Lo señalaron desde Suteba al destacar como “un paso importante” la promulgación de la emergencia en infraestructura escolar. En los edificios escolares «la situación es caótica», advirtieron.

Luego de que el intendente Carlos Arroyo promulgara la Ordenanza N°24.065 que aprobó por mayoría el Concejo Deliberante y que establece la “Emergencia en Infraestructura y Salud Escolar”, los docentes nucleados en Suteba advirtieron que es “un paso importante” que “obliga a las autoridades a pensar en cambios estructurales” y señalaron que más del 50% de las escuelas del distrito presenta “distintos grados y situaciones de deficiencia y gravedad en términos de infraestructura edilicia”.

El gremio destacó que se haya promulgado esta ordenanza y señaló la necesidad de no perder más tiempo en invertir los recursos financieros, materiales y humanos “que respondan a las verdaderas necesidades del distrito” y “no sólo a acortar los plazos de ejecución de obras o licitaciones y decididas por un grupo de técnicos o funcionarios.

A través de un comunicado Suteba indicó que en Mar del Plata y Batán, con un sistema educativo provincial y municipal extendido en todo su territorio –tan sólo el sistema educativo provincial contiene 222 edificios donde funcionan 345 escuelas de distintos niveles- “más del 50% de los mismos tienen distintos grados y situaciones de deficiencia y gravedad en términos de infraestructura edilicia”.

Enseguida, plantearon que más allá de los edificios, lo prioritario debería ser la realidad de “los casi 19.900 niños, niñas, jóvenes y adultos, que por estas situaciones hoy no tienen garantizado su derecho a la educación en Mar del Plata”.

Respecto a la emergencia que aprobó el Concejo y luego reglamentó el Ejecutivo, señalaron que “si es acompañada por la puesta en marcha la Comisión de Seguimiento del Fondo de Financiamiento Educativo y poner en valor real a la Unidad Ejecutora de Gestión Distrital en la definición de las prioridades del distrito, posibilitará que no se trabaje sólo en la emergencia sino en un plan integral de abordaje que contemple también la salud escolar”.

Asimismo, el secretario general del gremio, Gustavo Santos Ibáñez,planteó que “comenzar a planificar significará desandar las consecuencias nefastas de la Reforma Educativa de los años ‘90 que compactaron en un mismo edificio escuelas primarias y secundarias, quitando tanto a unas como a otras los espacios necesarios para una educación de calidad y que no sólo influye en el proceso enseñanza-aprendizaje sino también en la salud de los trabajadores de la educación” y remarcó que “tampoco puede dejarse de lado la necesidad imperiosa de construcción de Jardines de Infantes para cumplir con la ley de Educación vigente”.

Dice la Unesco en su Informe “Suficiencia, equidad y efectividad de la infraestructura escolar en América Latina” (Unesco-BID, 2017) que “Estudiar en una escuela con suficientes espacios físicos de aprendizaje, es decir, una escuela con agua potable, baños, electricidad, teléfono, biblioteca, algún espacio para el deporte o reuniones colectivas de los alumnos y con aulas dotadas de los materiales básicos está generalmente asociado con mejores aprendizajes escolares. Esto que parece una afirmación de sentido común, sorprendentemente, no se ha traducido a la realidad en un buen número de sistemas educativos de la región, donde una parte de los estudiantes, especialmente de aquellos pertenecientes a familias pobres o de las zonas rurales, no tiene asegurado el acceso a las escuelas con dichas características básicas”.

En ese sentido, desde Suteba remarcaron que “la situación caótica” que hoy se observa en la intervención edilicia por parte de las autoridades provinciales y municipales que gestionan los recursos del Estado “sólo será efectiva si se lleva adelante dicha planificación y con todos los actores involucrados” y que “el Concejo Deliberante no ha votado por amplia mayoría un cheque en blanco”.

Para finalizar, el gremio planteó que esta emergencia es la oportunidad para que Mar del Plata y Batán cuenten efectivamente con la puesta en práctica de los 12 puntos del Acuerdo Paritario Nacional de la CTERA del 2011 y firmado por el Estado Nacional -refrendada por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo dependiente del Ministerio de Trabajo de la Nación- y en el cual se establecen las condiciones básicas para garantizar la seguridad en las escuelas. “No hacerlo sería estar nuevamente ante un simple parche”, advirtieron.