El Senado convirtió este miércoles en ley la legalización del aborto, en una histórica sesión que fue seguida por miles de manifestantes y colectivos de mujeres de todo el país y en la cual también se sancionó el Plan de los 1000 días de cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia.
Con los apoyos de senadores oficialistas y opositores, el proyecto sobre el aborto se transformó en ley en una votación crucial que deja al Gobierno con una de sus promesas de campaña saldadas en el cierre de su primer año de gestión y una victoria legislativa de cara al ciclo electoral que se avecina.
El «sí» a la legalización del aborto (mediante el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo) hasta la semana 14 de gestación se impuso por 38 votos afirmativos y 29 negativos y una abstención, tras un acuerdo alcanzado con algunos senadores indefinidos para retoques en el texto al momento de la promulgación, en una sesión que comenzó el martes y se extendió durante 12 horas.
Así, la Cámara tradicionalmente más conservadora del Congreso, que frenó hace dos años la misma iniciativa por 38 votos contra 31, logró esta vez darle luz verde a una ley que prioriza el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo por sobre las objeciones basadas en los preceptos constitucionales de defensa de la vida desde la concepción.
El suspenso sobre el resultado se mantuvo en el Senado hasta el último minuto y la opción por el «sí» al aborto se definió finalmente con el anuncio del oficialismo de que se vetaría parcialmente un artículo cuya interpretación sobre la alternativa del aborto después de la semana 14 de gestación era muy amplio.
El respaldo de los senadores del Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, y los del Frente de Todos Eduardo Kueider y Sergio Leavy, así como el de la neuquina opositora Lucila Crexell, fue decisivo para consolidar el aval a la propuesta del Gobierno.
La nueva ley de aborto, llevada al Congreso por el Gobierno de Alberto Fernández en línea con una de sus promesas de campaña, deja atrás una legislación de 99 años que castigaba con cuatro años de cárcel a las mujeres que abortaban y sólo permitía la interrupción de los embarazos en casos de violación o de peligro de vida para la persona gestante.
Ahora, con la flamante normativa lograda tras al menos seis envíos fallidos de proyectos de ley similares en los últimos 15 años, las mujeres podrán interrumpir un embarazo sin temor de ir a prisión hasta la semana 14 y el sistema de salud público deberá garantizar la cobertura de la intervención de manera gratuita.
