Los números surgen del informe anual de la Mesa Intersectorial contra la Violencia Intrafamiliar y de Género. Integrantes del espacio se reunieron con concejales en el recinto, realizaron un diagnóstico y propuestas. Demandan más políticas del Estado municipal para la prevención y una relación más fluida entre las áreas comunales y con la Justicia.
La Comisaría de la Mujer y la Familia recibe en la actualidad entre 170 y 180 denuncias mensuales por delitos vinculados a la violencia de género e intrafamiliar –la mitad del total que recepcionan todas las dependencias policiales de la ciudad-, y en el Hospital de Niños se detectan entre 12 y 15 casos de abusos a la integridad sexual. Las cifras, que sorprenden y angustian, responden a la ciudad de Tandil.
Ayer, la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Seguridad del Concejo Deliberante recibió a ocho integrantes de la Mesa Intersectorial contra la Violencia Intrafamiliar y de Género de Tandil, que presentó su informe anual de 2018, con un profundo y preocupante diagnóstico, pero también con once premisas que incluyen diagnósticos, demandas y propuestas concretas para trabajar en la prevención.
La presidenta de la comisión Matilde Vide y los concejales Melisa Greco, Alejo Alguacil, Gabriel Bayerque, Silvia Nosei y Facundo Llano escucharon las exposiciones de Julia Méndez, Petra Marzocca, Noelia Domenighini, Mónica Pérez, Yanina Venier, Laura Sueldo, Alejandra Essains y Silvia Llanos, quienes expusieron las conclusiones de un año de trabajo, con miras a “avanzar en un modelo de prevención, atención y erradicación de la violencia eficaz desde un enfoque multidisciplinar”.
La mesa, que funciona con regularidad desde marzo de 2017, había mantenido un encuentro previo con la comisión legislativa durante el año pasado y en esta ocasión, reseñó las consideraciones de las comisiones internas -se pusieron en marcha el año pasado- de salud; educación y cultura; acceso a Justicia, ruta crítica y estadística; y acceso a la vivienda digna y el trabajo, y que derivaron en la propuesta de una serie de medidas para mejorar las respuestas estatales ante los casos que se registran.
