Lo reveló la fiscal Graciela Trill, a cargo de esta clase de investigaciones en el Departamento Judicial local. «Estas personas no tienen un perfil delincuencial común», advirtió.

Con pocos recursos pero con una intensa labor, el Departamento Judicial de Mar del Plata tramita a la fecha alrededor de 50 causas por tenencia y/o distribución de pornografía infantil.

El dato lo reveló a 0223 Graciela Trill, la fiscal a cargo de la Unidad temática de Conflictos Penales, que también tiene injerencia directa en la intervención de delitos vinculados con las nuevas tecnologías como el ciberacoso sexual infantil, más conocido como «grooming».

El ataque contra esta grave problemática es bastante reciente para la ciudad: la fiscal recordó que los inicios se remontan hace tan sólo cuatro años, cuando la ex Procuradora bonaerense, María del Carmen Falbo, firmó un convenio para que los reportes emitidos por Missing Children o Interpool sean librados hacía la Procuración y luego se distribuyan a los Departamentos Judiciales respectivos.

Al confiar algunos detalles de la dinámica que tiene la labor investigativa, la fiscal comentó que las causas tienden a iniciarse por reportes que llegan provenientes de Estados Unidos. «Esto sucede porque Missing Children tiene en la web un servidor destinado a encontrar chicos perdidos o raptados y detectar situación de pornografía infantil», explicó.

«Ese reporte hay que determinar que corresponda y que no se trate de algo casual, por eso contamos en general con más de un reporte como para constituir un caso. Y después, a partir de la dirección IP (NdeR: Protocolo de Internet), determinamos quiénes son los usuarios y, en base al reporte encontrado, quién podría ser el usuario verdaderamente involucrado como para avanzar con un allanamiento», indicó.

Trill aclaró que las intervenciones que se han producido en el plano local, en sintonía con el resto del país, sólo han sido por distribución o tenencia de pornografía infantil. La criminalización de la tenencia para consumo personal también es muy reciente: hasta marzo de 2018 no era considerado un delito pero un cambio en el Código Penal finalmente decidió que sí, tal como alentaban distintos operadores judiciales.

A la fecha, la funcionaria judicial precisó que su fiscalía (que anualmente puede llegar a tener 7 mil causas) tramita alrededor de 50 causas por este tipo de delitos solamente. Los recursos, sin embargo, son escasos para abordar las investigaciones: tan sólo se cuenta con un perito y un auxiliar el letrado, más el propio fiscal, en este Departamento Judicial.

Tril comentó que, salvo dos casos excepcionales, los detenidos por pornografía infantil siempre han sido hombres. «Es gente de clase media o clase media alta porque sino no hay forma de poder acceder a determinados dispositivos», indicó.

«Esto no se relaciona con un perfil delincuencial común. Son personas con las que quizás podés estar tomando un café. No es un estereotipo al que podemos estar acostumbrados», graficó la agente judicial.

A ello, Trill añadió la particularidad del desconocimiento total que hay por parte del entorno que rodea al eventual imputado. «Cuando se descubre, las familias no están enteradas por lo general y es un golpe tremendo. Es terrible la reacción de los familiares porque no se lo imaginan ni remotamente», afirmó.

La fiscal reconoció que las imágenes que se publican en este tipo de hechos son «siniestras». «Lo que vemos con el instructor y el perito son cosas realmente terribles», aseveró.

Trill recordó que estos documentos circulan a través de la llamada «deep o dark web», que es donde se guardan contenidos que no están indexados en ninguno de los buscadores existentes ya que infringen la ley de servicios y noticias en Internet, es decir a las cosas relacionadas tráfico de drogas, de órganos y la pornografía infantil.

«Internet tiene grados hacia abajo como si fuera el infierno del Dante, y el flujo de circulación de estas imágenes o vídeos se produce a través de esa vía», sintetizó la referente de la Justicia.

La fiscal aclaró que en Argentina no hay «producción masiva» de pornografía infantil. En general, su origen es proveniente de países asiáticos o países del este de Europa. También hay material de Camboya, Filipinas y México. «Acá no hay, salvo que sea algo casero o en el marco familiar, y que concurre siempre en forma ideal con un abuso sexual infantil», señaló.

«No hay ningún tipo de producción masiva en el país porque no están dadas las condiciones de pobreza terrible de otros lugares ni de indefensión de la infancia», aseveró.

Trill dijo que ya hubo condenas en Mar del Plata por estos delitos graves y destacó que en el último tiempo se han endurecido las penas: antes eran flexibles y daban lugar a una ejecución condicional de forma más fácil pero ahora pueden oscilar entre los 3 y 6 años de cárcel. «Para una persona sin antecedentes podría ser una ejecución condicional pero ya queda marcada con una espada de Dámocles importante», sentenció.

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