En Argentina se produjo un feminicidio cada 29 horas durante 2021, lo que significa que fueron asesinadas 305 mujeres el año pasado producto de la violencia machista, y el 60% de ellas por sus parejas.

Los datos se desprenden del informe que difundió el Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”, dirigido por La Casa del Encuentro, que también reveló que 336 hijos e hijas -el 58% menores de edad- se quedaron sin su madre.

Además, se cometieron 10 transvesticidios y 21 feminicidios vinculados de varones adultos y niños, es decir, el asesinato de una persona con el cual la mujer tiene un vínculo familiar o afectivo con el objetivo de dañarla psicológicamente, generalmente suelen ser los hijos.

Un total de 178 víctimas fueron agredidas dentro de sus hogares y al menos 36 mujeres habían podido realizar una denuncia previa contra su agresor, pero solo en 20 de esos casos la Justicia argentina brindó medidas cautelares de prevención. Además, 29 femicidas pertenecían a instituciones policiales.

La asociación feminista Casa del Encuentro indicó en un comunicado que “la violencia de género es multicausal, está ligada a las diferentes situaciones en las que se encuentran quienes la atraviesan y es por eso que su abordaje debe ser integral, multidisciplinario y federal”.

La provincia de Buenos Aires encabeza la lista de más muertes de mujeres por violencia machista, ya que se cometieron 108 feminicidios. El territorio bonaerense fue seguido en el ranking por Santa Fe con 25, Córdoba con 23 y Tucumán con 20.

Por otro lado, las tasas de femicidios revelaron que Santiago del Estero (1,52), Formosa (1,31) y Chaco (1,23) son las provincias más peligrosas por la frecuencia en la que se consumaron asesinatos cada 100.000 habitantes.

“Es imperioso que el Poder Legislativo mejore y actualice las leyes existentes, que el Poder Judicial atienda y proteja a quienes se acercan a denunciar, y se ocupe de dar seguimiento a las medidas de protección que aplica”, remarcaron. Además, exigieron que el Poder Ejecutivo ejecute las políticas públicas que planteó en el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género.

“Es imperioso que el Poder Legislativo mejore y actualice las leyes existentes, que atiendan a la situación de excepción que se perpetúa en todo el país; que el Poder Judicial atienda y proteja a quienes se acercan a denunciar, y se ocupe de dar seguimiento a las medidas de protección que aplica para asegurar su correcta implementación o la necesidad de una revisión de las mismas en casos de incumplimientos que pongan en riesgo a la mujer”, reclamaron.

En tanto, sostuvieron que “el Estado debe garantizar la efectiva implementación de políticas públicas contra la violencia de género, profundizar las campañas de prevención y hacer efectivos los programas anunciados de acompañamiento”.