«El 91% de los femicidios fueron cometidos por personas del círculo de conocidos de la víctima (parejas, ex parejas y/o familiares o conocidos), por lo tanto se demuestra que la casa sigue siendo el lugar más inseguro para las mujeres y diversidades que sufren violencia ya que el 66% de los femicidios se cometieron en la vivienda de la víctima o la vivienda compartida», explicaron en el informe.

Y sostuvieron: «Afirmamos que la violencia en la casa es determinada por ese lugar dependiente, de opresión y desvalorizado, que tiene la mujer e identidades feminizadas en la sociedad y la familia, como objeto de propiedad y al servicio del hombre con siglos de práctica y de naturalización de esa práctica. Son siglos de opresión donde las clases dominantes justifican y naturalizan el patriarcado, o sea, la inferioridad de la mujer, su obediencia al padre y marido, sus deberes y castigos».

El informe que realizó la Dirección Provincial de Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos del Ministerio de la Mujer y Diversidad de la provincia de Buenos Aires sobre las situaciones en que intervinieron durante los meses de enero a septiembre del 2022.

El mismo detalla que se efectuaron 1778 intervenciones en 108 municipios. Algunos de los datos más relevantes señalan que se intervino en 373 situaciones de violencia por razones de género en las que la vida de las mujeres corría peligro, sobre ese total se detalla que hubo 254 situaciones de Alto Riesgo y 119 de tentativa de femicidio.

«Un alto grado de porcentaje de agresores y femicidas que incumplen la restricción perimetral por lo cual, y hasta tanto no haya cambios de fondo en el Sistema Judicial, es necesario el monitoreo eficaz a los victimarios para asegurar que no violen la medida cautelar que justamente impone la justicia», escribieron en el texto de la Ofemmm.

«Observamos que el acceso a la justicia sigue siendo uno de los principales motivos de preocupación ya que, en muchos casos, las personas en situación de violencia de género son revictimizadas con largas horas de espera para ser atendidas o múltiples barreras burocráticas. Es necesario más personal judicial y policial capacitados en Ley Micaela5 ya que la perspectiva de género es la mirada que deben tener estos operadores para tratar con un grupo tan vulnerado, justamente una mirada con la suficiente sensibilidad para discernir las diferentes formas de violencia», aseveraron.

«Los datos exhibidos demuestran que no alcanza con una orden judicial que determine la restricción perimetral, si no se puede asegurar su efectivo cumplimiento, por lo tanto las políticas de seguridad deben expresarse en su carácter preventivo. Actuar antes ya que una vez consumado el femicidio solo queda, en el mejor de los casos, el castigo penal pero esto no le devuelve la vida a la víctima y muestra de esta manera el fracaso y la falta de prevención oportuna», concluyeron.