El inicio del juicio llega en un momento de gran inestabilidad política para España por la incertidumbre en torno a la posibilidad de que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anuncie elecciones anticipadas, una cuestión que no está al margen de los que sucede en los tribunales. El gobierno en minoría del socialista está en la cuerda floja después de romper su diálogo con los secesionistas. Salvo un giro de último momento, los independentistas catalanes harán fracasar su proyecto de presupuesto y abrirán las puertas al adelanto electoral pese a la posibilidad de que su caída posibilite la llegada de la derecha al poder de la mano de los ultraderechistas del partido Vox.

En este contexto preelectoral, los secesionistas iniciarán su batalla para convencer a los jueces del Supremo de que se encuentran ante un «juicio político» por haber cumplido con la «voluntad democrática» de los catalanes que exigían un referéndum de autodeterminación.

Los 12 acusados, nueve de ellos en prisión preventiva, se enfrentan a penas conjuntas que suman 177 años de prisión y 204 años de inhabilitación absoluta, por diferentes delitos, como rebelión, sedición, malversación de fondos públicos y organización criminal.