El Senado se encamina a sancionar la emergencia alimentaria en un debate exprés

Se espera un rápido tratamiento en la Cámara alta del proyecto que fue aprobado casi por unanimidad en Diputados, que aumenta en un 50% las partidas presupuestarias para políticas nutricionales.

El Senado se encamina a sancionar la prórroga de la declaración de emergencia alimentaria hasta 2022, en una sesión especial que empezará a las 14 y en la que el oficialismo y la oposición acordaron un rápido debate.

Se prevé que la Cámara alta le dará luz verde al proyecto girado de Diputados, que fue aprobado casi por unanimidad y que dispone un aumento del 50% de los fondos para políticas nutricionales, por $ 10 mil millones.

El senador oficialista Esteban Bullrich confirmó que no habrá «mayores dificultades» para sancionar la ley, mientras que el jefe del interbloque de Senadores de Juntos por el Cambio Luis Naidenoff adelantó que se buscará que el debate sea breve.

El proyecto prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la emergencia alimentaria nacional, que según la Ley 27.345 sancionada en 2016 vence el 31 de diciembre este año. Establece un «incremento de emergencia» como mínimo del 50 por ciento «de los créditos presupuestarios vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición».

También faculta al jefe de Gabinete a que actualice trimestralmente esas partidas presupuestarias, tomando como el la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el rubro «alimentos y bebidas no alcohólicas» y la de la canasta básica alimentaria que mide el INDEC.

Además habilita al Poder Ejecutivo a «disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias, y las decisiones administrativas conducentes a un abordaje efectivo de la emergencia alimentaria y nutricional».

Por otra parte, al tratarse de la primera sesión después de dos meses sin actividad y al no contar con una fecha para el próximo debate, los senadores decidieron introducir en la agenda otro temas no conflictivos. Se trata del proyecto que todos los años debe aprobar el Congreso para autorizar la salida de tropas nacionales y el ingreso de tropas extranjeras para la realización de los ejercicios combinados estipulados.