Durante los próximos 60 días, suspender o despedir trabajadores sin justificación será considerado como una violación al Pacto Federal de Trabajo
Este martes el gobierno nacional extendió por otros 60 días el decreto que prohibe los despidos sin causa o bajo el pretexto de fuerza mayor, ante la pandemia de coronavirus. El gobierno de la Provincia de Buenos Aires determinó que incumplir con este decreto será considerada una «infracción grave«.
El gobierno bonaerense considerará una «infracción grave» del Pacto Federal del Trabajo los despidos y suspensiones que se dispongan en el distrito que violen el DNU 487 que rige a nivel nacional, y que resulta de una extensión del DNU 329 del 31 de marzo, cuando recién comenzaba la cuarentena.
La medida nacional establece que «aquellos despidos o suspensiones que se dispongan en violación a lo dispuesto por este decreto no producirán efecto alguno, y se mantendrán vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales«.
Respecto a esto, el Ministerio de Trabajo bonaerense determinó a través de la resolución 174 que «los despidos y suspensiones que se dispongan en violación de lo previsto» en el DNU 329 «serán considerados como infracciones graves» en los términos previstos por el Pacto Federal del Trabajo.
Prorrogan la suspensión de despidos por 60 días más
Como fundamento de la medida, se recordó que el decreto nacional busca considerar «indispensable garantizar la conservación de los puestos de trabajo, en aras de preservar la paz social en el marco la emergencia pública en materia sanitaria que se transita».
«En consecuencia, toda disposición por parte de los empleadores que contrarié lo establecido por el Decreto Nº 329 se encuentra desprovista de efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales«, se añadió.
También especificaron desde la administración provincial que el Pacto Federal del Trabajo «prevé que son infracciones graves ‘toda otra violación o ejercicio abusivo de la normativa laboral no tipificada expresamente en esta Ley, establecida para proteger los derechos del trabajador».
Para el gobierno bonaerense, «se torna necesario ponderar la conducta del empleador que intenta desconocer la normativa dictada en el marco de la emergencia sanitaria, a tenor del daño inmediato y los efectos prácticos que produce a los trabajadores que se ven afectados por cualquiera de las conductas prohibidas por el antedicho Decreto».
«La decisión del gobierno nacional requiere una política por parte del gobierno provincial a fin de intentar tornar realidad efectiva dicha decisión para todos y todas las bonaerenses», remarcó el texto de la norma.
