El diputado nacional de Juntos por el Cambio Diego Santilli presentó un proyecto de ley para bajar de la edad de la imputabilidad de 16 a 15 años en delitos violentos. Además, contempla la creación de un fuero especializado en menores, la aceleración en los juicios con un plazo máximo de 2 años y dispositivos especiales para penas privativas de la libertad.
La iniciativa lleva el nombre ley de «Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil» y se basa en «la noción de justicia restaurativa y el respeto por los derechos humanos de los adolescentes y el respeto por los derechos humanos de los adolescentes». El legislador citó un informe estadístico de la Corte Suprema que indica que el 30% de los delitos contra la propiedad, la integridad sexual y las personas son cometidos por menores de 16 años.
Bajo en ese marco, Santilli propone ahondar en la metodología de abordaje restaurativo a cargo de equipos interdisciplinarios, donde «tiene mayor relevancia el daño sufrido por la víctima y la comunidad que la violación a la ley». En lugar de que la única consecuencia sea la cárcel, la legislación sugiere que los adolescentes deban realizar todas las medidas posibles para reparar el daño producido por el delito.
Mientras que las víctimas y la comunidad que sufrieron daños tendrán derecho a participar en todo el proceso, con márgenes amplios de acción y participación, pudiendo recomendar modos de reparación. En el caso de que las medidas de reparación sean incumplidas o fracasen por culpa de la persona que delinquió, las autoridades judiciales podrían disponer las penas privativas de libertad.
Con respecto al proceso judicial, la ley prevé que sea efectuado en el plazo máximo de dos años y, en caso de que el plazo transcurra sin que el proceso llegue a su finalización, constituirá una falta grave para las autoridades judiciales intervinientes. De esta manera, se evitaría la posibilidad de que las autoridades judiciales “cajoneen” expedientes.
En caso de que la iniciativa sea aprobada, se buscará evitar la saturación del sistema penal mediante la creación de un fuero especializado de justicia penal juvenil, que descomprimirá el trabajo de los tribunales penales y permitirá llegar más rápido a la finalización de los juicios. El abordaje interdisciplinario, supone que las decisiones no se tomen de forma aislada, sino mediante acuerdos y espacios de escucha entre diversas perspectivas teóricas.
“El presente proyecto se inserta en una idea republicana y democrática del derecho penal, pero que tiene en cuenta las desigualdades existentes entre las personas y, por ende, que la respuesta punitiva por sí misma no es posible sin entender esas desigualdades”, expresó Santilli.
“La idea de justicia restaurativa, entendida como ‘una respuesta evolucionada al crimen, que respeta la dignidad y equidad de cada persona, construye comprensión y promueve armonía social a través de la sanación de la víctima, del infractor y de la comunidad’, es la que guía el núcleo del sistema penal juvenil propuesto”, argumentó el integrante del PRO.
