Fue tras múltiples allanamientos que coordinó la Policía Federal en Mar del Plata y Caba, en el marco de un operativo denominado «Frutos de Mar».

Una organización pesquera que funcionaba en Mar del Plata y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) fue desbaratada después de múltiples allanamientos que llevaron agentes federales en el marco de un operativo conocido como «Frutos de Mar».

Las primeras informaciones que trascendieron oficialmente revelaron que la banda era de origen chino y que habrían evadido al fisco en más de 23 millones de dólares.

La investigación se inició con la denuncia de la AFIP, que detectó una organización pesquera que realizaba operaciones internas y de comercio exterior entre sí y con terceros, con subfacturación.

Básicamente, el producto de la pesca era exportado a valores por debajo del real, de manera de tributar menos dinero en nuestro país, según señalaron fuentes oficiales ligadas a la pesquisa. Y a esta maniobra, se le sumaba una subfacturación a empresas que ellos mismos habían creado, evadiendo importantes sumas de dinero en sus ganancias.

Los detectives de la Policía Federal determinaron que la organización era integrada por al menos seis empresas en Argentina, que mediante su actividad pesquera exportaban por menor valor a Brasil, triangulado comercialmente con dos empresas ubicadas en Uruguay, y que eran propiedad de los mismos empresarios.

Finalmente, según la reconstrucción de los investigadores, la maniobra culminaba con la exportación desde Uruguay, hacia al menos una empresa que está en China, el lugar final de destino de la mercadería.

El Juzgado Federal de Mar del Plata, a cargo de Santiago Inchausti, también estableció que los dueños de estas empresas en China eran accionistas de las firmas que tenían sede en Argentina, las cuales a su vez, a través de transferencias bancarias y bajo préstamos, inyectaban capital, generándose así el retorno de las ganancias de la evasión tributaria. 

Según lo que se desprende de la investigación, todas estas maniobras evasivas provocaron al país una pérdida de recaudación impositiva de al menos 23 millones de dólares entre 2017 y 2019.  Esta cifra de dinero, es sólo por una sola especie (pescados y mariscos) que se exportaba, por lo que esta evasión debería multiplicarse por cada una de las mercaderías que se fueron exportando en forma ilegal, según se aclaró.