Rechazaron los planteos de la defensa y confirmaron la elevación solicitada por el fiscal David Bruna. Se les imputan 44 hechos cometidos entre 2005 y 2010.

Fuente 0223.

Tras rechazar los planteos realizados por las defensas, la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal confirmó que se juzgará a ocho personas acusadas de integrar una asociación ilícita que brindó irregularmente servicios médicos y de traslado de ambulancias. La Fiscalía de Delitos Económicos había solicitado su elevación a juicio en febrero de 2013.

Con distintos grados de responsabilidad, el fiscal David Bruna consideró que los imputados cometieron los delitos de falsificación de sellos y falsificación de instrumentos privados, tenencia de material destinado a la falsificación, lesiones graves dolosas, estafa continuada, defraudación contra la administración pública y falsificación ideológica de instrumento público. Las lesiones mencionadas se dieron por la aplicación de una droga por parte de personal que no era médico ni enfermero legalmente habilitado.

Tras la decisión de la Cámara, el Tribunal Oral en lo Criminal 4 estará a cargo del debate en el que se analizará la responsabilidad penal de Francisca Lescano, Silvia Alfieri, Cristian Garcia Zapata; Flavia Sanchez , Maria Rosa Cabrera; Carlos Echezarreta; Carlos Colatto y Ana Maria Lacoque.

La investigación de la fiscalía de Delitos Económicos comenzó en enero de 2008 y debido a la complejidad del caso y la cantidad de personas involucradas -tanto víctimas como imputados- culminó en febrero de 2013 cuando se solicitó su elevación a juicio. “La fiscalía ya hizo el ofrecimiento de prueba para la realización del debate, por lo que solamente resta espera que fije fecha para su inicio”, indicaron fuentes judiciales.

El expediente a cargo del fiscal David Bruna consta de 1890 fojas de actuación, diez cuerpos de expediente y veinticinco anexos documentales. En el mismo se detalla que «los imputados conformaron y participaron en una organización estable y permanente, para lucrar y enriquecerse ilícitamente bajo el rubro comercial de empresas de emergencias médicas».

La dirección de las tareas estaba a cargo de Alberto Netti -fallecido durante la investigación- su esposa Francisca Lezcano y su hija Silvia Alfieri. Con el apoyo de otros sujetos que prestaban sus nombresexplotaron varias firmas comerciales, de las que mutaban su razón social pero sin modificar la estructura de recursos.

Los imputados rotaban en sus cargos dirigenciales con el único objetivo de evitar la correcta individualización y así responder judicialmente por el resultado de sus actividades desde el plano civil, comercial falencial o penal. Para lograrlo, falsificaron documentos públicos y privados tendientes a ser presentados ante organismos de contralor como la Dirección de Personas Jurídicas, Registro de la Propiedad Automotor, Rentas de la Provincia de Buenos Aires, Obras Sanitarias Sociedad de Estado Mar del Plata y Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, con el fin de lograr las habilitaciones respectivas y simular su correcto funcionamiento.

Entre 2005 y 2010 brindaron sus irregulares servicios a varias instituciones públicas y privadas que según los investigadores los contrataron “confiando en la documentación apócrifa que les presentaban”. Entre los damnificados estuvieron varias obras sociales y mutuales que tenían tercerizado el servicio de traslado en ambulancia, cerca de treinta cooperadoras escolares y el propio Ente Municipal de Deportes que pagó por esos servicios en 2008.

Además de las irregularidades relacionadas con cuestiones administrativas, en las ambulancias trabajaba personal sin capacitación profesional que diagnosticaba y en algunos casos recetaba y aplicaba medicamentos a los infortunados pacientes circunstanciales.

A fines de enero de 2008, un joven que se había accidentado en el parque Municipal de los Deportes, fue atendido por personal de una de las empresas investigadas. Mientras la ambulancia lo trasladaba al hospital, el «personal profesional» le aplicó una inyección en el brazo que le provocó una infección y la posterior amputación de la extremidad. La denuncia que formularon los padres del menor, fue la punta que permitió iniciar la investigación. Ese “médico” nunca pudo ser identificado.

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