Representantes de asociaciones de consumidores afirmaron en el Senado que el proyecto Argentina Digital «irá en detrimento de los usuarios respecto de las tarifas de la telefonía fija».
Cruces. Legisladores y entidades debaten en el Salón Azul del Senado.
Varias asociaciones de consumidores alertaron ayer en el Senado que el proyecto «Argentina Digital» que impulsa el Gobierno para regular las telecomunicaciones en todo el país, podría significar «una mayor concentración a favor de las empresas telefónicas e irá en detrimento de los usuarios respecto de las tarifas de la telefonía fija». En su exposición ante la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, Fernando Blanco Muiño de la Unión de Consumidores de la Argentina (UCA) aclaró que el artículo 15 de la iniciativa «sólo declara servicio público a lo que es el uso y acceso a redes para licenciatarios» y deja el resto como servicios «de interés público».
Blanco Muiño advirtió que el cambio implicará «un retroceso» para la telefonía fija, ya que al ser considerada simplemente un servicio de «interés público» permitirá a las empresas disponer aumentos tarifarios que «es posible que impacten en el bolsillo de los consumidores».
Por ello, el titular de la UCA pidió que se modifique el artículo 1 «para que todo lo declaren de servicio público y no de interés público».
Además, Blanco Muiño solicitó a los senadores que, para fomentar la competencia, le «quiten» a Telefónica y a Telecom «la autorización para fusionarse que tienen en nuestro país», porque, destacó, «entre las dos concentran 67 por ciento del mercado argentino. Todos los monopolios son malos», añadió.
Por la Asociación de Consumidores Libres, Héctor Polino, coincidió con su colega al indicar que el proyecto «declara servicio público una etapa, las relaciones entre las empresas mayoristas, pero no entre las empresas y los usuarios».
Al respecto, Polino estimó que «se produce un retroceso» porque actualmente «las empresas no pueden aumentar las tarifas cuando se le ocurre y a partir de la Ley, si no tiene cambios, alegremente lo van a poder hacer, al no tener más que pedir autorización y fundamentar los incrementos».
«Hablemos con claridad ¿a quién se quiere defender con esta Ley? No se defiende a los usuarios, se los deja más desprotegidos que lo que están actualmente. Se favorece a las empresas telefónicas, que aparecen como las gran mimadas», opinó sobre el proyecto.
Polino además aseveró que «este proyecto a nuestro juicio genera una mayor concentración en el mercado audiovisual y las telecomunicaciones porque las empresas telefónicas van a poder abarcar todo el país con 4 servicios, incluyendo el 4 G».
Antes, el primer expositor de la jornada fue Rafael Sánchez, titular de la Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones quien reconoció que hay «algunos puntos en los que tendremos que buscar la participación del sector cooperativo» y pidió «especial consideración de las redes constituidas con el esfuerzo de los asociados que fueron pioneros del servicio universal».
Por su parte, Guillermo Defays, del Sindicato de Trabajadores de TICs, al igual que Blanco Muiño y Polino y otros expositores, criticó que el proyecto no determina autoridad de aplicación ni órgano de control y marcó «cualquier monopolio que tenga dominio sobre la convergencia y la integración vertical es malo».
