Lo confirmó el Doctor Gonzalo La Menza, abogado defensor de Juan Manuel Batalla, quien denunciara los apremios ilegales.

La Cámara de Apelaciones confirmó en las últimas horas la libertad para quien era el único detenido tras el robo a la familia Dafonseca. Más allá del violento asalto, J.M Batalla estaba arrestado por tenencia de arma de guerra y no por el delito que se le adjudicó en primera instancia.

Tras el arresto de Batalla, su abogado defensor, Gonzalo La Menza, insistió con los «groseros» errores durante el procedimiento policial, denunció apremios ilegales sobre su defendido y criticó al Subsecretario de Protección Ciudadana Julio López (testigo aquella noche): «dijo que tenía un arma y nunca se pudo probar», apuntó.

En un contacto con minutobalcarce La Menza, volvió a criticar con dureza el procedimiento realizado por la Policía el pasado 24 de junio, dijo que los apremios están “sobradamente” demostrados y adelantó que iniciará una acción civil contra el Municipio «como responsable de la Policía y de un funcionario que atestiguo en una causa armada».

López en la mira
La Menza habló de una «doble responsabilidad» del funcionario y dijo: «Se está investigando la comisión del delito de falso testimonio agravado por haber sido cometido hacia un imputado en una causa penal». Y agregó: «Se va a estudiar la comisión de un delito aún mayor, que esté relacionado con el armado de  una causa con los elementos que le otorga el Estado en perjuicio de una persona inocente».

Según la declaración de López en la causa, el detenido tenía un arma de fuego. Sin embargo para el abogado y su defendido, esa afirmación es falsa: “López no tuvo ninguna posibilidad de demostrar que Batalla tenía un revólver. Para colmo, en todo este tiempo no se realizó ningún cotejo de huellas sobre el arma que supuestamente cargaba y nunca pudo decir si tenía municiones o la marca del arma”, explicó.

Acción Civil
Por último, La Menza confirmó que los apremios están «acreditados» y adelantó: «Voy a armar de acá a unas semanas, alguna acción civil por reparación de daños y perjuicios donde vana  tener que responsabilizarse la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de Balcarce por el accionar de la Policía y el de un funcionario del alto rango».