«Sabemos lo que hicimos, sabemos de nuestra salud y nuestras buenas intenciones. Si ellos creen que en estos dos años de agresiones permanente con mi persona van a minar mi compromiso están muy equivocados», añadió.
El ex mandatario fue citado en el juzgado federal de primera instancia de Dolores, donde lo espera el magistrado subrogante Martín Bava, quien fue ratificado al frente de la investigación por la Cámara Federal de Mar del Plata.
El tribunal de apelaciones rechazó este miércoles, a horas de la indagatoria, la recusación con la cual la defensa de Macri pretendía correr de la causa al juez que el 1 de octubre dispuso que se lo convocara a dar explicaciones por el supuesto espionaje.
Los jueces Eduardo Jiménez, Osvaldo Tazza y Rafael Julián le indicaron al juez Bava que en sus próximos pronunciamientos guarde un estilo más mesurado que en los anteriores, pero entendieron que no hay motivos para acceder a la recusación solicitada.
El propio Macri confirmó días atrás durante su visita a la provincia de Santiago del Estero que se presentará a la indagatoria prevista para mañana, luego de que el juez Bava lo convocara por tercera vez, bajo apercibimiento de declararlo en rebeldía y ordenar su detención a fines de que comparezca a declarar si es que vuelve a ausentarse.
Será la primera indagatoria que afronte el ex presidente Macri desde que dejó la Casa Rosada, aunque no la primera de su vida, dado que ya debió responder ante la justicia en otras causas como la del supuesto espionaje a Sergio Burstein, familiar de una víctima del atentado a la AMIA.
Desde Juntos por el Cambio, distintos dirigentes y ex funcionarios como Hernán Lombardi y Guillermo Dietrich, convocaron a través de redes sociales a movilizarse mañana a las 11 horas a la Plaza Castelli, en Dolores, para «bancar a Mauricio», según rezan los flyers que circulan por Twitter.
Se lo acusa de haber ordenado y posibilitado, entre diciembre de 2017 y finales del 2018, «la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25520 y sus modificatorias, consistentes en la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de Derechos Humanos».
«Entre esas tareas de espionaje prohibidas por ley, se le imputa haber ordenado y posibilitado la realización de numerosas de ellas con el propósito de obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan», reza la imputación que leerá mañana el juez Bava y que ya fue expuesta en el llamado a indagatoria.
Las acciones ilegales «buscaban influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos que realizaban los mismos por el hundimiento de dicho submarino y la consecuente muerte de sus familiares, como así también apuntaban a conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno, como la identificación de sus referentes», se indicó en la imputación.
En las declaraciones previas a su indagatoria -como aquellas que le dio al Noticiero 7 de Santiago del Estero- el ex presidente Macri intentó desvincularse del supuesto espionaje, cuestionó al juez Bava y sostuvo que su citación a indagatoria tiene que ver con que el magistrado desconoce cómo trabaja la casa militar.
Lo primero que dijo fue que el juez Bava es «manifiestamente incompetente» porque, entre otras cosas, «el ARA San Juan no se hundió en Dolores», ni él trabajó en Dolores y «los servicios de inteligencia nacionales no trabajan en Dolores».
En esas declaraciones el ex mandatario confundió, por lo menos, dos expedientes: aquel en el que se investiga el hundimiento del submarino que tramita ante la jueza federal de Caleta Olivia Marta Yañez, mientras que lo que se investiga en Dolores es el espionaje a los familiares de las víctimas, ocurrido en Mar del Plata.
«Yo no espié a nadie, ni mandé a espiar a nadie. Ni en esta causa ni en ninguna otra», afirmó Macri, quien se encuentra imputado desde septiembre del año pasado, cuando el primer fiscal que intervino en la causa, Daniel Adler, impulsó la investigación tras la denuncia de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Camaño.
Por otra parte, Macri sostuvo que acusarlo por supuestas maniobras de espionaje ilegal «es desconocer cómo funciona la Casa Militar y la custodia del Presidente, que a cada lugar que va tiene que naturalmente saber con quién se va a reunir».
Los documentos que dieron origen a la denuncia contra Macri no fueron elaborados por la Casa Militar ni encontrados en sus oficinas, sino que, según surge de la investigación, estaban en poder de la base Mar del Plata de la AFI, algo que está prohibido por la propia Ley de Inteligencia.
«Todas estas tareas de inteligencia ilegal no contaron con autorización judicial alguna, ni fueron justificadas por órdenes de servicio fundadas en razones de seguridad interior o defensa nacional y se realizaron», sostuvo el juez en la imputación de Macri.
Entre los hechos descriptos en la imputación figura, por ejemplo, la infiltración de agentes de la AFI en la misa celebrada en el marco del aniversario del segundo mes de la desaparición del submarino ARA San Juan, en enero de 2018, donde fotografiaron a familiares de los tripulantes.
