Lo acordaron el viernes entre Horacio Rodríguez Larreta y Alberto Fernández. El presidente electo quiere que el lugar quede liberado al público para el día de la asunción.
El domingo por la noche, los empleados de la Ciudad de Buenos Aires comenzaron a sacar las rejas que dividen Plaza de Mayo y la separan de la Casa Rosada. El presidente electo, Alberto Fernández, se reunió con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y comunicó la decisión. Fue a partir de un requerimiento del futuro jefe de Estado, que lo hizo saber a través de Twitter.
“En la campaña electoral reclamé que levantaran las rejas que hoy distancian a la Casa Rosada de los argentinos. Hoy @horaciorlarreta me transmitió su voluntad de retirarlas el 9 de diciembre. Muchas gracias por ayudarme a terminar con las divisiones y unir a la Argentina”, escribió Alberto el día 6 de diciembre.
El Frente de Todos programó un masivo acto tras el traspaso de mando y la jura en el Congreso. El dirigente espera una movilización de todo el aparato peronista, el sindicalismo y los movimientos sociales para festejar el cambio de Gobierno.
En mayo de 2018, el Gobierno de la Ciudad dispuso la instalación de las rejas en la plaza. Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad y el Observatorio de Patrimonio y Políticas Públicas impulsaron la causa judicial argumentando que el lugar en cuestión se encontraba protegido por normativas específicas del Código de Planeamiento Urbano que establecen que en el espacio propio de la Plaza de Mayo sólo se permitirán trabajos de conservación y mantenimiento de los elementos preexistentes.
En enero de este año, la Justicia porteña avaló la presentación del Observatorio y declaró ilegal la instalación de las rejas. En ese entonces, el magistrado Osvaldo Otheguy dispuso un plazo de 90 días para la sanción de una ley que apruebe la instalación de las rejas en Plaza de Mayo, a modo tal de cumplir con el Código Urbanístico.
Entre varias idas y vueltas, la Legislatura porteña aprobó la modificación del Código de Planeamiento Urbano por lo que se autorizó la instalación. Los legisladores oficialistas hicieron referencia a la existencia de un vallado antidisturbios, que cumplía la misma función, instalado desde la crisis del 2001.
