El presidente Mauricio Macri ordenó la agilización de la redacción del proyecto para enviarlo al Senado, con el objetivo de que empiece a debatirse después del tratamiento del Presupuesto 2019. Se prevé que el debate de la propuesta lleve mucho tiempo, ya que forma parte de la postergada discusión de la Reforma del Código Penal.

El proyecto contempla penas de entre seis meses y dos años de cárcel a quienes «detengan o entorpezcan» sin autorización del Estado la circulación de los servicios de transporte público y privado (actualmente las sanciones tiene un máximo de dos años).

La reforma del Código Penal incluye además la sanción con la cárcel a los migrantes que usen documentación apócrifa y a quienes vuelvan a entrar a la Argentina después de haber sido expulsados por la Justicia. Actualmente esta figura no tiene castigo, mientras que la nueva propuesta determina una pena de uno a cuatro años de prisión.